Cómo se controla el dinero destinado a los asesores

La Junta Departamental de Montevideo tiene que responder una pregunta que compromete su credibilidad: ¿cómo pudo una persona figurar como asesor, percibir una remuneración y no tener tareas asignadas? La explicación debe surgir de una investigación de la propia institución, con revisión de expedientes, registros de pagos y responsabilidades administrativas. Una conferencia de prensa o una actuación partidaria no alcanzan para esclarecer el funcionamiento del organismo. El caso del edil nacionalista Gonzalo Gómez ofrece un punto de partida concreto. Según la cobertura de su conferencia de prensa del 28 de septiembre, reconoció que Pablo Leiva figuraba como asesor en la planilla de la Junta y no tenía tareas asignadas. Gómez sostuvo que lo había contratado por recomendación de su hijo y manifestó que había sido abusado en su confianza. El mismo  informó que la remuneración mensual era de $52.000. Estas declaraciones obligan a examinar cómo se autorizó y supervisó ese gasto.

La investigación también debe distinguir las responsabilidades. La actuación del edil que solicita una contratación, la intervención de quienes la tramitan y la autorización del pago son decisiones diferentes. Reconstruir esa cadena permitirá establecer dónde se produjo la falla. Una liquidación correctamente procesada no demuestra, por sí sola, que existiera una prestación efectiva.

El episodio plantea además un problema institucional. La Junta fiscaliza decisiones y recursos de la Intendencia, pero necesita acreditar que aplica una vigilancia igualmente exigente sobre sus propios gastos. Su autoridad para reclamar explicaciones se debilita cuando una contratación interna queda sin una justificación pública suficiente. Existe un antecedente que merece revisarse. Un documento del archivo oficial de la Junta recoge observaciones del Tribunal de Cuentas sobre la reglamentación de partidas destinadas a gastos de secretaría y asesoramiento de los ediles.

No corresponde afirmar, con lo conocido, que todos los asesores cobran sin trabajar o que toda la Junta funciona sin controles. Corresponde comprobar si los controles existentes verifican el trabajo realizado o se limitan a registrar contratos y comprobantes. Esa diferencia define la profundidad de la investigación. La Junta necesita esclarecer, particularmente, si se exigían constancias de actividad antes de cada pago; si los ediles debían certificar la prestación; y qué procedimiento se aplicaba cuando no había tareas, se interrumpía el vínculo o surgía una irregularidad. Si esas obligaciones no estaban previstas, deberá explicar por qué. Si existían, deberá determinar quién dejó de cumplirlas.

La revisión debe contar con garantías de independencia. La Junta debe investigar con la misma firmeza con la que reclama información a la Intendencia. Los montevideanos tienen derecho a saber quién cobra, para qué fue contratado y qué trabajo realiza. La respuesta debe quedar en documentos y conclusiones públicas, no en la promesa de que el asunto será revisado.