Los antecedentes se remontan a 1970 cuando en setiembre el presidente Jorge Pacheco Areco encomendó a las Fuerzas Armadas la conducción de la lucha contra la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y se creó en diciembre la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto (Esmaco) de las Fuerzas Armadas.
En 1971 las elecciones las ganaba Juan María Bordaberry quién asumió 1 de marzo de 1972. Ese mismo año, en abril el Parlamento votó por más de dos tercios de sus integrantes que el país estaba en un «estado de guerra».
Jorge Batlle en octubre de ese año señalaba que había conversaciones y presuntos entendimientos entre militares e integrantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en el cuartel del Batallón Florida, con el aval de los generales Gregorio Álvarez y Esteban Cristi en un momento en que estaban técnicamente en «guerra».
Batlle fue entonces procesado por la justicia militar por el delito de “ataque a la fuerza moral del Ejército” y permaneció dos meses en prisión.
El 8 de febrero de 1973, con el propósito de controlar la efervescencia militar, el presidente Bordaberry sustituyó al Ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francese. En la mañana de ese día el nuevo ministro se reunió con los mandos de las tres fuerzas y sólo encontró respaldo en la Armada.
A las ocho de la noche, desde el canal 5, los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea anunciaron que desconocerían las órdenes del ministro Francese y reclamaron al presidente a su relevo. A las diez y media de la noche, desde Canal 4, Bordaberry anunció que mantendría a Francese en el Ministerio y convocó a la ciudadanía a reunirse en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno.
En las primeras horas de la madrugada del 9 de febrero los fusileros de la Armada, mediante barricadas, cerraron la entrada a la Ciudad Vieja de Montevideo. El Ejército sacó sus tanques a las calles y ocupó varias emisoras de radio, desde las cuales exhortó a los miembros de la Armada a unirse a sus planteos.
Se emitió entonces el Comunicado N° 4, firmado solo por los mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, en el que planteaban alcanzar o impulsar la obtención de objetivos socio-económicos, como incentivar las exportaciones, reorganizar el servicio exterior, eliminar la deuda externa opresiva, erradicar el desempleo, atacar los ilícitos económicos y la corrupción, organizar la administración pública y el sistema impositivo y redistribuir la tierra, entre otros.
Días después emitieron el Comunicado 7, que en cierta forma relativizaba el comunicado anterior. Varios oficiales de la Armada desconocieron el mando del vicealmirante Juan José Zorrilla y apoyaron los comunicados del Ejército y la Fuerza Aérea. Al día siguiente, 11 de febrero, Zorrilla renunció al Comando de la Armada, asumiendo dicho cargo el Capitán de Navío Conrado Olazábal, con lo que esta fuerza abandonó su postura constitucionalista.
Los hechos seguirían dandose de manera apresurada en ese febrero. El 12 Bordaberry concurrió a la Base Aérea «Cap. Juan Manuel Boiso Lanza» y aceptó todas las exigencias de los mandos militares y pactó su continuidad en la Presidencia, en lo que se dio en llamar el Pacto de Boiso Lanza. Dicho «acuerdo» encomendaba a las Fuerzas Armadas «la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional».
Se designaron nuevos ministro 24 horas más tarde. En Interior a Néstor Bolentini) y en Defensa a Walter Ravenna.
El día que disolvieron las Cámaras
El 27 de junio de 1973, see mitía el el decreto N.º 464/973, el cual llevaba la firma de Bordaberry y de sus ministros Néstor Bolentini y Walter Ravenna. Expresaba lo siguiente:
«El Presidente de la República decreta:
1° Declárase disueltas la Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes.
2° Créase un Consejo de Estado, integrado por los miembros que oportunamente se designarán, con las siguientes atribuciones:
A) Desempeñar independientemente las funciones específicas de la Asamblea General;
B) Controlar la gestión del Poder Ejecutivo relacionada con el respeto de los derechos individuales de la persona humana y con la sumisión de dicho Poder a las normas constitucionales y legales;
C) Elaborar un anteproyecto de Reforma Constitucional que reafirme los fundamentales principios democráticos y representativos a ser oportunamente plebiscitado por el Cuerpo Electoral.
3° Prohíbese la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación, que, directa o indirectamente, mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente Decreto, atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder Ejecutivo.
4° Facúltase a las Fuerzas Armadas y Policiales a adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación ininterrumpida de los servicios públicos esenciales».
Asimismo, por el decreto N.º 465/973 de la misma fecha, se consideró comprendida en el texto del artículo 1º del decreto 464/973 a todas las Juntas Departamentales del País (art. 1º), creándose en cada Departamento una Junta de Vecinos, que en lo pertinente y en el ámbito Departamental, tendrá atribuciones similares a las conferidas al Consejo de Estado creado por el art. 2º del decreto de hoy (art. 2º).
El decreto argumentaba que «la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal».
En un discurso emitido por radio y televisión el mismo día del golpe, Bordaberry manifestó: «Afirmo hoy, una vez más y en circunstancia trascendentes para la vida del país, nuestra profunda vocación democrática y nuestra adhesión sin reticencias al sistema de organización política y social que rige la convivencia de los uruguayos. Y va con ellos entonces el rechazo a toda ideología de origen marxista que intente aprovechar de la generosidad de nuestra democracia, para presentarse como doctrina salvadora y terminar como instrumento de opresión totalitaria.
Este paso que hemos tenido que dar no conduce y no va a limitar las libertades ni los derechos de la persona humana.
Para ello y para su vigilancia estamos nosotros mismos; para eso además hemos cometido esas funciones al Consejo de Estado y más allá, aún por encima de todo ello, está el pueblo uruguayo que nunca dejó de avasallar sus libertades (…).
En respuesta al golpe de Estado, en la misma madrugada en que se gesta el golpe, el secretariado de la CNT (Convención Nacional de Trabajadores) comenzó la huelga general más larga en la historia del país, que duró 15 días.
