La Asamblea General aprobó este miércoles el proyecto de resolución promovido por el Frente Amplio para remitir a la Fiscalía Penal de Delitos Económicos y Complejos y a la Fiscalía General de la Nación los antecedentes de la comisión investigadora sobre la adquisición de las patrulleras oceánicas y la posterior rescisión del contrato con el astillero español Cardama.
La iniciativa fue aprobada con 65 votos del oficialismo en 128 presentes, en una sesión de aproximadamente seis horas en la que intervinieron legisladores de cinco de los seis partidos con representación parlamentaria. Los dos diputados de Cabildo Abierto no participaron del debate ni estuvieron presentes durante la votación, lo que permitió al Frente Amplio alcanzar la mayoría simple.
Ante los cuestionamientos de la oposición, el presidente de la Asamblea General, Daniel Caggiani, explicó que la votación se rigió por el artículo 86 del reglamento, que toma en cuenta a los legisladores presentes y no al total de integrantes de ambas cámaras.
Cabildo Abierto justificó su ausencia señalando que su informe no incorporaba información confidencial remitida por el Ministerio de Defensa, porque no consideraba que existieran garantías suficientes para evitar filtraciones. Por ese motivo, resolvió no incidir en la votación de los informes presentados por el Frente Amplio, los partidos de la coalición y el partido Identidad Soberana.
El diputado colorado Adrián Juri pidió un cuarto intermedio para intentar que los cabildantes regresaran a sala. “Que vengan a votar, así dan la cara, como todos los que estamos acá”, expresó. La Asamblea rechazó la solicitud.
La resolución aprobada dispone remitir toda la documentación recibida, recabada y producida por la comisión investigadora en respuesta a un oficio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos. También establece enviar a la Fiscalía General de la Nación el informe en mayoría del Frente Amplio, con el objetivo de poner en su conocimiento hechos y actos que, según ese documento, podrían tener apariencia delictiva, para que se determinen eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos y particulares. Desde el Frente Amplio, se celebró como “un triunfo” la votación en la Asamblea General.
Garlo denunció irregularidades en los pagos
El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo sostuvo que la investigación parlamentaria identificó elementos que justifican la intervención de la Justicia. Según afirmó, la documentación examinada permitió detectar irregularidades en las garantías presentadas por Cardama, entre ellas un acta notarial que calificó de falsificada y documentación vinculada a Eurocommerce, empresa que, de acuerdo con su exposición, no existía.
Garlo cuestionó también la garantía de reembolso, que describió como un borrador sin eficacia jurídica que habría sido aceptado como válido. Sostuvo que las irregularidades documentales y las deficiencias de los controles estatales permitieron que la empresa recibiera más de 16 millones de euros.
El legislador puso el foco en los desembolsos realizados durante la administración anterior. Afirmó que el primer pago, superior a ocho millones de euros, se autorizó antes de que el Ministerio de Defensa recibiera la documentación correspondiente. También cuestionó el segundo desembolso, por un monto similar, al señalar que la documentación no estaba traducida ni apostillada y que el pago se autorizó dos días antes del cambio de gobierno, en marzo de 2025.
A su juicio, hubo prórrogas sin suficiente respaldo documental y autorizaciones de pagos sin controles adecuados. No obstante, reconoció que la comisión parlamentaria no tiene competencia para determinar responsabilidades penales y defendió que sea la Fiscalía la que investigue los hechos.
Garlo justificó la rescisión del contrato por parte del actual gobierno y sostuvo que continuar con el acuerdo podía comprometer nuevos desembolsos superiores a 53 millones de euros. “No puede ser a cualquier precio, no puede ser hipotecando la credibilidad del Estado uruguayo”, afirmó.
Gianoli defendió la contratación
El diputado del Partido Nacional Pablo Gianoli sostuvo que la contratación de Cardama contó con respaldo técnico y jurídico y afirmó que la rescisión fue la principal causa del perjuicio económico para el Estado.
Según expuso, la compra directa por excepción se realizó al amparo del artículo 33 del TOCAF, luego de evaluar ocho propuestas de astilleros. También señaló que participaron la Armada y organismos de contralor, y destacó que el Tribunal de Cuentas aprobó el procedimiento sin formular observaciones.
Gianoli cuestionó a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y a dos asesores que, según denunció, habrían actuado sin designación formal ni norma habilitante. Les atribuyó interrogatorios a oficiales, acceso a documentación reservada y reuniones con empresas vinculadas al proyecto. Se trata de señalamientos formulados por el legislador, que reclamó determinar las eventuales responsabilidades correspondientes.
Sobre la rescisión, sostuvo que el gobierno descartó alternativas para resolver los problemas vinculados a las garantías y continuar la construcción. Afirmó que Uruguay quedó sin las patrulleras y expuesto a eventuales costos millonarios derivados de un arbitraje internacional.
Abdala cuestionó la decisión del gobierno
El diputado nacionalista Pablo Abdala acusó al gobierno de actuar con “predeterminación” al rescindir el contrato y responsabilizó políticamente a la ministra Lazo por las decisiones adoptadas desde marzo de 2025.
Defendió el procedimiento de contratación de la administración anterior y recordó que la Junta de Almirantes recomendó la oferta de Cardama por mayoría. También sostuvo que el Tribunal de Cuentas aprobó lo actuado y cuestionó el tiempo empleado para elaborar los informes jurídicos que respaldaron la rescisión.
Abdala afirmó que el gobierno debió evaluar alternativas para sustituir las garantías y mantener el contrato. En ese sentido, aseguró que se habían presentado tres opciones durante gestiones que, según dijo, incluyeron reuniones en la Torre Ejecutiva.
El legislador advirtió sobre las consecuencias económicas de un arbitraje internacional y cuestionó la falta de información parlamentaria acerca de las gestiones para adquirir nuevas embarcaciones. A su entender, el Ejecutivo ha manejado distintas posibilidades, pero todavía no ha explicado con claridad cuál será la solución para equipar a la Armada.
Brenta y los controles de la contratación
El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta sostuvo que el caso revela deficiencias en la evaluación del astillero y en la verificación de las garantías. Afirmó que la necesidad de contar con patrulleras oceánicas no justifica prescindir de controles ni flexibilizar las condiciones de contratación.
Brenta cuestionó que, tras declararse desierta una licitación internacional, se recurriera a una compra directa por 82,27 millones de euros. Según señaló, no se conocen análisis comparativos suficientes que expliquen la selección de Cardama ni una evaluación completa de los riesgos económicos asumidos.
También mencionó observaciones jurídicas sobre las bases del procedimiento, el descarte de empresas y el cumplimiento de los principios de igualdad y transparencia. Sostuvo que la empresa no acreditó adecuadamente su experiencia y solvencia, y recordó que el Banco Central había recomendado evaluar su situación financiera mediante un corredor de seguros.
El senador cuestionó las prórrogas concedidas para presentar garantías y planteó dudas sobre los controles realizados antes de liberar el segundo pago, de unos 8,2 millones de euros. Según su interpretación de la documentación, existen divergencias sobre la recepción de los planos técnicos y la tramitación del desembolso.
Brenta rechazó la posibilidad de renegociar con Cardama y sostuvo que los antecedentes relativos a las garantías deben ser examinados por la Justicia. Afirmó que corresponde esclarecer cómo se procesó la documentación y quiénes intervinieron en las decisiones.
García defendió el contrato
El senador y exministro de Defensa Javier García rechazó las acusaciones de irregularidades y sostuvo que la rescisión respondió a una motivación política que tenía como fin perjudicar al expresidente Luis Lacalle Pou. Afirmó que los testimonios recogidos por la comisión no demostraron ilegalidades y defendió la actuación de las autoridades de la administración anterior.
Uno de sus argumentos centrales fue el precio. García aseguró que la diferencia entre la propuesta de Cardama y la segunda oferta fue de apenas 9%, por lo que cuestionó que el contrato se presentara como una compra a un valor fuera de mercado. Añadió que el Ministerio de Defensa recibió otra propuesta cuyo precio, según afirmó, era prácticamente igual al de Cardama por las dos patrulleras.
El exministro negó haber llevado personalmente la propuesta al ministerio y sostuvo que fue el entonces comandante de la Armada quien la recibió y remitió para su análisis. También rechazó que se hubieran reducido arbitrariamente las exigencias técnicas y afirmó que la segunda empresa mejor clasificada también tuvo oportunidad de mejorar su oferta.
García citó el informe de Bureau Veritas, la clasificadora contratada por el actual gobierno, que —según indicó— consideró satisfactoria la construcción. Asimismo, sostuvo que Cardama había presentado alternativas para sustituir las garantías.
El senador repasó declaraciones de autoridades del actual gobierno sobre posibles vías para adquirir las patrulleras y cuestionó que todavía no exista una decisión definitiva. Afirmó que Uruguay enfrenta demandas y un proceso internacional abierto, sin conocer el costo final del conflicto. García sostuvo que la primera embarcación debía estar pronta hacia fines de 2026 y responsabilizó al gobierno por haber interrumpido el proyecto. A su juicio, la rescisión fue una decisión política que dejó al país sin los buques y sin una alternativa definida.
Salle: “Mario nos sodomizó” y “paga Juan Pueblo”
El diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle calificó el caso Cardama como un “bochorno” y cuestionó tanto la contratación original como las decisiones posteriores de las autoridades. “Mario nos sodomizó”, expresó en referencia al propietario del astillero, al sostener que el Estado uruguayo sufrió un perjuicio económico.
Salle afirmó que antes de la firma del contrato hubo advertencias sobre la capacidad financiera y técnica de la empresa. Mencionó informes de la Armada que, según su exposición, reclamaban verificar los antecedentes del constructor y sus riesgos financieros, y cuestionó que esas observaciones no hubieran recibido respuestas escritas.
También sostuvo que la garantía presentada no cumplía todas las condiciones contractuales y cuestionó las prórrogas otorgadas. En su intervención, puso en duda los controles previos a los pagos y señaló que tanto la administración anterior como la actual autorizaron desembolsos. El diputado advirtió que esas decisiones podrían afectar la posición uruguaya ante un eventual arbitraje internacional y reclamó que la Fiscalía acceda a la documentación reservada vinculada al caso. Además, cuestionó otros contratos estatales y sostuvo que las consecuencias económicas de Cardama recaerán sobre la ciudadanía. “Paga Juan Pueblo”, concluyó.
