Las autoridades del Parlamento confirmaron el hallazgo de 12 cajas con documentación correspondiente a las actas secretas del Consejo de Estado —el órgano que funcionó como poder legislativo durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985)—.
El anuncio fue realizado este miércoles al mediodía en la Antesala de la Cámara de Representantes, en una conferencia encabezada por la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, junto al presidente de la Cámara de Representantes, Sebastián Valdomir.
La documentación fue encontrada la semana pasada en dependencias del Palacio Legislativo y abarca el período comprendido entre 1974 y 1984, años centrales del régimen instaurado tras el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Según se informó, los materiales estaban “camuflados” entre otras cajas vinculadas a sesiones secretas de la Cámara, lo que explica que permanecieran inadvertidos durante algo más de cuatro décadas.
Cosse fue la encargada de abrir la conferencia que tuvo lugar en la antesala de la Cámara de Representantes, ante un público que desbordó la capacidad locativa de la sala con la presencia, sobre todo, de legisladores del Frente Amplio. La vicepresidenta confirmó que se trata de actas secretas del Consejo de Estado y que ya se dispusieron medidas para garantizar su preservación, digitalización y posterior acceso público. En diálogo con el Diario La R confirmó que las actas “se harán públicas” una vez que se hayan digitalizado e inventariado. “Creemos que es un aporte importante a la transparencia y a la profundización de la democracia”, agregó. Cosse enmarcó el hallazgo en un año de fuerte carga simbólica, cuando se cumplen 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, ocurridos en 1976 en Buenos Aires. Para la vicepresidenta, la documentación constituye “un primer aporte en el camino hacia la verdad y la justicia”.
Valdomir, por su parte, brindó los detalles técnicos del hallazgo en la conferencia. Explicó que la aparición de las cajas se produjo en el marco de un proceso de digitalización iniciado el año pasado sobre carpetas de comisiones investigadoras que funcionaron en la Cámara de Representantes, particularmente aquellas vinculadas a detenidos desaparecidos y a los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz en los años 1985 y 1986. Durante esa tarea se identificaron inicialmente 19 cajas; tras la clasificación, se determinó que 12 biblioratos correspondían específicamente a actas secretas del Consejo de Estado del período 1973-1984.
El primer paso dispuesto fue la realización de un inventario detallado del contenido de cada caja. Posteriormente, comenzará la digitalización completa de los documentos, muchos de ellos en estado de conservación “entre bien y frágil”, según describió el presidente de la Cámara. La intención es preservar los originales y poner la información digitalizada a disposición de organizaciones de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, la Institución Nacional de Derechos Humanos e investigadores especializados en historia reciente.
El Consejo de Estado sesionaba de manera pública y secreta. Las actas públicas ya se encuentran disponibles en el sitio web del Parlamento. Las recién halladas corresponden a sesiones reservadas, cuyos contenidos no eran de acceso público. Según un primer relevamiento preliminar —Valdomir indicó que solo examinó una de las cajas— los documentos incluyen actas vinculadas a venias de destitución de funcionarios públicos, designaciones de civiles en cargos del Poder Judicial y del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como ascensos militares que debían ser ratificados por ese órgano.
Sustituyó al Poder Legislativo
El Consejo de Estado funcionó en el propio Parlamento, desde el 19 de diciembre de 1973 hasta 1985 como un sustituto del Poder Legislativo, en un contexto en el que las instituciones democráticas habían sido disueltas y las libertades civiles restringidas por decisión del presidente de facto, Juan María Bordaberry, quien había sido electo en 1971, en connivencia con los militares. Durante esos años, emitió decretos leyes y otorgó las venias necesarias para formalizar decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo de facto. Las sesiones secretas podían abordar tanto resoluciones administrativas como discusiones políticas consideradas sensibles por el régimen.
Valdomir subrayó que aún se desconoce la magnitud del contenido de los sobres lacrados. “No sabemos qué es lo que contienen estas 12 cajas”, afirmó. De allí la decisión de avanzar primero en la clasificación y digitalización antes de cualquier valoración pública sobre su eventual impacto histórico o judicial. No obstante, remarcó que la aparición de esta documentación no podía permanecer sin ser informada a la ciudadanía.
El contexto temporal del anuncio no fue casual. En 2025 se cumplieron 40 años del retorno a la democracia, el período ininterrumpido más extenso de institucionalidad democrática en el Uruguay. Asimismo, este año se cumple medio siglo de los crímenes de Michelini y Gutiérrez Ruiz, junto con Rosario Barredo y William Whitelaw, asesinatos emblemáticos del terrorismo de Estado en coordinación con otras dictaduras de la región.
Integración
El Consejo de Estado tuvo distintas integraciones a lo largo de su existencia.
Fue presidido inicialmente por Martín R. Echegoyen, ex senador del Partido Nacional. Entre sus integrantes figuraron dirigentes que posteriormente retomaron actividad política en democracia, como Pedro W. Cersósimo, Wilson Craviotto y Pablo Millor.
También integraron el organismo figuras como Walter Belvisi, quien luego fue intendente de Paysandú y senador; Domingo Burgueño Miguel, quien asumiría como intendente de Maldonado; y el coronel Néstor Bolentini, fundador de la Unión Patriótica Salvadora de la Democracia.
En 1976 se produjo una renovación significativa de sus miembros, y en 1981, bajo la presidencia de facto del general Gregorio Álvarez, el cuerpo pasó a tener entre 25 y 35 integrantes.
El último decreto – ley y el retorno a la democracia
Durante su funcionamiento, el Consejo de Estado dictó decretos leyes que estructuraron aspectos centrales del ordenamiento institucional del período. El último de ellos fue el Decreto Ley N.º 15.688, promulgado el 30 de noviembre de 1984, cinco días después de las elecciones nacionales que marcaron el inicio de la transición democrática. Publicado el 17 de enero de 1985, este decreto corresponde a la Ley Orgánica del Ejército Nacional, que define misión, organización, funcionamiento y régimen de personal de esa fuerza. Al retorno de la democracia en 1985, el Parlamento aprobó la Ley Nº 15.738, una norma clave en el proceso de reconstrucción institucional tras más de una década de dictadura cívico-militar (1973-1985). La ley tuvo como objetivo principal resolver la situación jurídica de los decretos-leyes dictados por el Consejo de Estado durante el régimen de facto.
La norma convalidó la mayoría de los actos legislativos emitidos en ese período (entre ellos, el último, aunque fue posteriormente modificado por otras leyes), con el fin de evitar un vacío normativo y garantizar la continuidad administrativa del Estado. Sin embargo, estableció una excepción sustantiva: declaró la nulidad absoluta de un conjunto selecto de decretos-leyes, especialmente aquellos identificados como “Leyes Fundamentales” y “Leyes Especiales”, que contenían disposiciones de alto contenido represivo o que restringían de manera grave derechos y libertades fundamentales.
Entre los decretos-leyes anulados más significativos se encuentran el Nº 14.173, vinculado a la proscripción de ciudadanos y a la imposición de medidas restrictivas; el Nº 14.247, que establecía la inhabilitación de partidos políticos y ciudadanos; y el Nº 14.267, relacionado con medidas de seguridad y detenciones. También fueron anulados el Decreto-Ley Nº 14.330, que imponía restricciones a la libertad de prensa y expresión, y el Nº 14.507, referido a la destitución de funcionarios públicos por motivos políticos.
Además de estas nulidades expresas, la Ley 15.738 dejó sin efecto otros actos que implicaran una ruptura con la Constitución de 1967, sentando así un marco jurídico para revisar la legitimidad de las normas impuestas por el gobierno de facto. De esta manera, el Parlamento buscó equilibrar la necesidad de estabilidad normativa con la reafirmación de los principios democráticos y el restablecimiento pleno del orden constitucional.
El carácter ilegítimo e inconstitucional del Consejo de Estado ha sido señalado en reiteradas oportunidades por la historiografía y por actores políticos, en tanto operó en un período en el que el orden constitucional estaba suspendido. En la conferencia, Valdomir lo definió como un “remedo” del Poder Legislativo, que funcionó al margen de la Constitución y en un contexto de restricciones severas a las libertades públicas.
Está bien que se aclare sobre la dictadura que lamentablemente muchos favorecieron y después se hicieron los desentendidos
Pero la emergencia ahora son las empresas que se van del país y gente que se queda sin trabajo Se habla poco de qué medidas se van a tomar y si se van a tomar
Que no se hagan muchas expectativas respecto al contenido de esas actas secretas. Estoy seguro que mayoritariamente se refieren a cosas como destitución de funcionarios públicos o ascenso de militares, que se tratan en secreto al igual que se lo hace ahora. Y dado el tiempo transcurrido, los involucrados deben estar todos fallecidos. En particular, no creo que en esas actas haya información de los detenidos y los desaparecidos.
Al estilo código Da Vinci
Más búsqueda de inversiones privadas y trabajo por favor.