El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida del presidente Nayib Bukele y extiende el mandato presidencial de cinco a seis años. La modificación, impulsada por el oficialismo y ratificada en una sesión extraordinaria nocturna, profundiza el control del mandatario sobre el aparato estatal y ha sido denunciada por la oposición como un paso hacia una dictadura.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, dio luz verde al proyecto con 57 votos sobre 60. Además de permitir la reelección sin límites, la reforma elimina la segunda vuelta electoral y unifica los comicios presidenciales, legislativos y municipales. También anticipa las próximas elecciones generales para marzo de 2027, acortando en dos años el actual mandato presidencial, que concluía en 2029.
“Gracias por hacer historia, colegas diputados”, expresó el presidente del Congreso, Ernesto Castro, tras la aprobación, mientras fuegos artificiales estallaban en el centro histórico de San Salvador.
Críticas y denuncias de autoritarismo
Desde la oposición, la diputada Marcela Villatoro denunció que “ha muerto la democracia en El Salvador”, al tiempo que cuestionó la oportunidad de la reforma, aprobada justo al inicio de una semana de vacaciones: “Son unos cínicos. Se quitaron las máscaras”.
Organismos internacionales de derechos humanos también advirtieron sobre el deterioro institucional en el país. La directora de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, comparó el camino de Bukele con el de Venezuela: “Empieza con un líder que usa su popularidad para concentrar poder, y termina en dictadura”.
Por su parte, el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro, afirmó que las reformas provocan “un desequilibrio total en la democracia que ya no existe”.
Popularidad y represión
Bukele, de 44 años, gobierna desde 2019 y fue reelegido en 2024 con un respaldo del 85%, en un proceso ya cuestionado por estar habilitado por un fallo judicial de jueces cercanos al oficialismo, pese a la prohibición constitucional entonces vigente.
Su enorme popularidad está anclada en la drástica política de seguridad con la que enfrentó a las pandillas, lo que redujo significativamente los índices de violencia. Sin embargo, esa estrategia se basa en un régimen de excepción que rige desde hace tres años, criticado por limitar libertades fundamentales y permitir detenciones masivas sin orden judicial.
Según datos de organizaciones como Cristosal y Socorro Jurídico, más de 88.000 personas han sido arrestadas bajo este régimen, muchas de ellas de forma arbitraria, y al menos 430 murieron en prisión.
Escalada represiva y denuncias internacionales
El endurecimiento del gobierno ha incluido la persecución de periodistas, activistas y organizaciones sociales. En mayo y junio, fueron detenidos varios defensores de derechos humanos, entre ellos la abogada Ruth López, que investigaba casos de presunta corrupción. La organización Cristosal, en la que trabajaba, se exilió tras denunciar una “escalada represiva”.
La imagen internacional de Bukele también se vio afectada por denuncias de torturas a 252 venezolanos incomunicados durante cuatro meses en una megacárcel para pandilleros, liberados tras presión diplomática.
A pesar de las advertencias y denuncias, el presidente salvadoreño reafirma su postura. En su último discurso, afirmó que le “tiene sin cuidado” que lo llamen “dictador”.
Es bueno recordar que cuando en un pais falta Seguridad los valores democráticos pasan a segundo plano