El Congreso de Intendentes resolvió crear una comisión especial para analizar una eventual rebaja en el costo de las multas de tránsito, en particular las vinculadas al exceso de velocidad. La decisión se adoptó este jueves y responde tanto a un debate político instalado en el Parlamento como a la preocupación de los gobiernos departamentales por los altos niveles de morosidad en el pago de infracciones.
El presidente del Congreso e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, aseguró que existe “voluntad” entre sus colegas para “readecuar” los valores de las sanciones y revisar también las modalidades de notificación y cobro. El objetivo es que en la próxima sesión del organismo, prevista para el 17 de marzo, pueda presentarse una postura común respaldada por información técnica y por los aportes de las distintas intendencias.
La discusión tomó impulso luego de que los diputados Conrado Rodríguez (Partido Colorado), Sebastián Andújar (Partido Nacional) y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto) presentarán un proyecto de ley para reducir a la mitad el valor de las multas por exceso de velocidad. La iniciativa surgió en un contexto de cuestionamientos públicos al costo de las sanciones y a su impacto en el bolsillo de los conductores.
Olivera subrayó que el objetivo de cualquier modificación no debe ser meramente recaudatorio ni político, sino contribuir a mejorar la seguridad vial. “Adecuar valores para que sean multas pagables para el bolsillo de un trabajador, pero que persigan el fin que es mejorar la forma en la que manejamos los uruguayos”, sostuvo.
Uno de los elementos centrales en la discusión es la morosidad. Según los datos manejados por el Congreso, en la mayoría de los departamentos el incumplimiento en el pago de multas ronda el 70%. El presidente del organismo atribuyó esta situación al momento en que se “desenganchó” el pago de las infracciones del pago de la patente de rodados.
Hasta la Rendición de Cuentas de 2023, durante la administración anterior, los contribuyentes no podían abonar la patente si tenían multas pendientes. Esa disposición fue modificada y permitió que la patente se pagara independientemente de las sanciones. Posteriormente, el actual gobierno volvió a establecer la obligatoriedad de saldar las multas junto con la patente desde marzo de este año, incorporando además un sistema de bonificaciones para incentivar la regularización.
“Si usted puede elegir entre pagar o no pagar una sanción, deja de ser una sanción”, afirmó Olivera al explicar la necesidad de asegurar el cumplimiento efectivo. A su entender, el desacople debilitó el carácter disuasivo del sistema.
La comisión creada estará integrada por los intendentes Francisco Legnani (Canelones), Richard Sander (Rivera) y Felipe Algorta (Durazno), además del propio Olivera. El grupo recogerá insumos de todas las intendencias y analizará el proyecto parlamentario junto con un informe técnico del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), que detalla niveles de recaudación y morosidad antes y después del cambio normativo.
Legnani aportó cifras del departamento de Canelones: la morosidad en multas alcanza el 40%, frente a un 15% en la patente. En términos presupuestales, indicó que la recaudación por multas representa menos del 3% del presupuesto anual departamental. “Ojalá pudiésemos no aplicar ni una sola multa”, expresó, aunque aclaró que los controles han demostrado resultados positivos.
De acuerdo con estadísticas de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), en los puntos donde se instalaron radares se registró una reducción del 17,4% en la cantidad de lesionados y del 52,9% en la cantidad de fallecidos. Para varios intendentes, estos datos evidencian que la fiscalización tecnológica tiene efectos concretos en la conducta de los conductores.
Sin embargo, también reconocen que los montos actuales pueden resultar elevados, especialmente en casos de exceso significativo de velocidad, donde las sanciones pueden alcanzar las 15 unidades reajustables. La comisión evaluará si existe margen para reducir esos valores —sea a la mitad o en un porcentaje menor— sin comprometer el efecto preventivo.
Otro punto en análisis es la oportunidad de las notificaciones. Olivera cuestionó que algunos conductores se enteren de una infracción meses después de cometida, lo que diluye su impacto pedagógico. En ese sentido, se estudia reforzar la instalación de radares pedagógicos y mejorar los tiempos de comunicación.
Desde la Unasev, no obstante, se expresaron discrepancias con el enfoque de reducir las multas. Su presidente, Marcelo Metediera, sostuvo que la experiencia reciente no respalda esa medida. Recordó que en 2023 ya se aplicó una reducción sin que se verificara una baja sostenida de la siniestralidad.
“No comparto ni los fundamentos ni el análisis. Es una lectura parcial y simplista de un problema complejo”, afirmó. Según Metediera, los países que han logrado mejoras significativas en seguridad vial lo hicieron a través de políticas integrales que combinan educación, fiscalización constante, sanciones efectivas, sistemas de puntos y cambios culturales sostenidos.
“Nada funciona de forma aislada. Bajar multas puede ser una medida simpática desde lo político, pero no salva vidas”, concluyó.
El Congreso de Intendentes deberá ahora equilibrar estas posiciones. Por un lado, existe consenso en que las multas deben mantenerse como instrumento sancionatorio y disuasivo. Por otro, se reconoce la necesidad de que sean efectivamente cobradas y que no generen un nivel de incumplimiento que vacíe de contenido el sistema.
La discusión también incluye analizar el impacto fiscal. Aunque la recaudación por multas no constituye un porcentaje elevado de los presupuestos departamentales, sí representa recursos destinados en muchos casos a infraestructura y programas vinculados a la movilidad.
El 17 de marzo se espera que la comisión presente un informe con recomendaciones. Ese documento servirá de base para que el Congreso de Intendentes adopte una posición institucional ante el Parlamento, que deberá considerar el proyecto de ley.
Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre sanción, recaudación y prevención sigue abierto. La decisión final implicará definir si una eventual rebaja puede mejorar el cumplimiento sin debilitar la seguridad vial, uno de los desafíos persistentes en el país, donde la siniestralidad continúa siendo una preocupación pública.
Es verdad Bajar multas No salva vidas No hay que debilitar la seguridad sino fortalecerla
Las multas elevadas están bien puestas y el no pago debe ser sancionado como corresponde a través de listados de infractores y cuadrillas de inspectores en la calle. El verdadero fin de la rebaja es mejorar el pago y evitar la morosidad, lo que parece no ser seguro. Los veteranos deben recordar a aquel inspector durísimo que se instalaba en Avda.Italia con un equipo y con su libreta de infractores no dejaba pasar ninguno.
¿Qué, ahora hay que ajustar la multa según como la quiere el infractor? ¿Dónde se vio eso? Es un castigo para que no sean reiterativos, no son niños, son adultos con responsabilidad. «Bajame la multa porque yo quiero hacer lo que se me canta en la calle»… Pero que se vayan a c4gar, que paguen o que cumplan con las normas de transito.
Con esto de rebajar las multas como siempre los mas perjudicados son los pobres.
Esto no es más que un acuerdo gangsteril para aumentar la recaudación al hacerce las multas «más accesibles» a un presunto presupuesto mensual personal, ingresando así un elemento más a la «canasta familiar».
Además es un gran cachetazo al «Operativo Ñandubay» –que debería ser periódico y frecuente, o permanente– donde diferentes reparticiones aunando esfuerzos han logrado disminuir aunque sea un poco la cantidad de gente que no debería estar circulando por las vías de tránsito, expandiendo a diestro y siniestro un peligro enorme para la vida y bienes de otros ciudadanos que usan la vía pública.
La creación de esa «comisión» no es sino poner otra vinchuca burocrática al erario y para considerar un tema que no es ni de práctica ni de ética implementación, que socava la autoridad de leyes pensadas e implementadas para garantizar la seguridad pública y proteger la vida de la gente en calles y carreteras de nuestro país.
No a la creación de otra comisión inútil!
No a la «jopeada» a las leyes de tránsito!
El que rompe debe pagar, sí o sí, sin opciones.
Contrariamente a esta nueva mascarada murguera es hora de implementar nuevos castigos a los violadores en vez de hacerle el «caldo gordo» a ellos y a las entidades municipales recaudadoras.
Y si no pueden pagar las multas pues no están en condiciones de asumir totalmente la responsabilidad de tener un vehículo, y si tienen muchas multas es que no tienen la capacidad mental como para tener un vehículo; en ambos casos a vender el cachilo y vivir la realidad que se pueden costear de acuerdo a su condición económica.
Vuelva al viaje en ómnibus y todo el mundo de acuerdo.
Y basta ya de abuso a los ciudadanos de a pie!
Fe de errata: hacerse, no «hacerce».
Primero que nada, reconocer que un par de cosas. La multa no es un impuesto, es una sanción. Al que anda a pie no le afecta. Y además en el Congreso de Intendentes están representados los tres principales partidos. Así que se le puede echar la culpa ni al gobierno ni a la oposición. Por otra parte, subir o bajar las multas, influye en al seguridad?…Es para discutir mucho…