La iniciativa, que ha contado con 61 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, sostiene que Castillo estaría al frente de una organización criminal en la que también estaría incluida su esposa, Lilia Paredes Navarro, para quien la Fiscalía ha pedido recientemente ocho años de cárcel por estos hechos.
Castillo, según esta comisión, habría incurrido en los delitos de colusión, tráfico de influencias y actividades incompatibles con el cargo al ejecutar, bajo un decreto de urgencia, varios proyectos de inversión en los municipios de Anguía, Chachapoyas y Chadín, informa el diario ‘La República’.
Según el presidente de esta comisión, el congresista de Fuerza Popular Héctor Ventura hay «elementos indiciarios» de que Castillo habría recibido 4 millones de soles (1 millón de euros), según la versión de otro de los investigados, el que fuera asesor del Ministerio de Vivienda Salatiel Marrufo Alcántara.
Por estos mismos cargos también se recomienda la denuncia del que fuera su ministro de Vivienda, Geiner Alvarado López. El resto de participantes en esta supuesta red criminal son el ya mencionado Marrufo Alcántara, el exalcalde de Anguía José Medina Guerrero y el investigado Hugo Espino Lucana.
