Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Ecuador, que dieron como ganador a Daniel Noboa con una diferencia superior a los 10 puntos frente a Luisa González, han generado sorpresa, cuestionamientos y fuertes denuncias por parte del movimiento Revolución Ciudadana (RC).
Con el 92,64% de las actas validadas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registra un 55,65% de los votos para Noboa y un 44,35% para González. La contundente ventaja del mandatario electo fue calificada como “inverosímil” por parte de varios sectores políticos y sociales, que esperaban un balotaje mucho más ajustado.
La candidata Luisa González denunció un “grotesco fraude electoral” la misma noche del domingo y anunció que solicitará el recuento de votos y la apertura de urnas. “Me niego a que haya un pueblo que prefiera la mentira antes que la verdad, la violencia antes que la paz”, expresó.
Desde el CNE aseguraron que la normativa permite solicitar el recuento, y que el proceso podrá llevarse adelante conforme a los procedimientos establecidos.
El expresidente Rafael Correa, líder de la RC, también expresó dudas sobre la transparencia del proceso: “A no ser que haya habido un cataclismo, es imposible disminuir votos como ha pasado en Guayas y otras provincias”, escribió en la red X.
Este lunes, la Revolución Ciudadana emitió un comunicado en el que denuncia una “grave violación a la democracia ecuatoriana” y exige una investigación independiente. Entre las irregularidades mencionadas están la supuesta manipulación de actas, restricciones al uso de celulares en los centros de votación, fallas técnicas, intimidación militar y obstrucción a observadores.
A pesar de las denuncias, algunos analistas y autoridades —incluso dentro de la RC— han reconocido la victoria de Noboa, al considerar que una diferencia de un millón de votos sería prácticamente imposible de revertir.
Sin embargo, sectores críticos afirman que las condiciones para una elección justa no estuvieron garantizadas desde el inicio del proceso. El historiador Juan Paz y Miño sostuvo que los resultados reflejan “la opción preferente por un régimen favorable a las élites del poder”.
