La Costa de Oro no puede quedar atrapada entre la promesa de desarrollo y una protección ambiental que solo se demuestre en los papeles. Cada emprendimiento capaz de modificar su territorio exige una evaluación rigurosa, controles y decisiones que la población pueda conocer. La administración de Francisco Legnani debe mostrar cómo cumple esa responsabilidad. El punto de partida existe. El Plan Local de Costa de Oro establece la protección del patrimonio natural y exige un estudio previo de la Dirección General de Gestión Ambiental para aprobar emprendimientos que afecten, total o parcialmente, los recursos comprendidos en sus disposiciones. También reconoce el valor ecológico y paisajístico de la franja costera, las barrancas y los bordes de arroyos y lagos. La preocupación ambiental, por tanto, tiene un lugar concreto en la normativa departamental.
Pero una norma no se aplica sola. Su eficacia depende de funcionarios que inspeccionen, informes que fundamenten las autorizaciones y autoridades dispuestas a exigir correcciones. La pregunta que debe responder la Intendencia es cómo convierte esas obligaciones en protección efectiva. ¿Qué estudios respaldan los proyectos con incidencia ambiental? ¿Qué condiciones se imponen antes de habilitarlos? ¿Quién verifica su cumplimiento durante las obras y después de su ejecución? Las respuestas deben permitir que cualquier vecino comprenda qué se autoriza, con qué fundamento y bajo qué vigilancia.
Sin expedientes e inspecciones de proyectos concretos, no corresponde afirmar que todos los emprendimientos depredan el territorio ni que cada autorización encubre una irregularidad. Sí corresponde exigir información suficiente para evaluar las decisiones públicas. La transparencia es una obligación de quien administra y una garantía para quienes viven, trabajan e invierten en la zona. La desidia ambiental comienza cuando la prevención se posterga y el control llega después del daño. Cuando eso ocurre, la comunidad termina enfrentando consecuencias que pudieron evitarse: pérdida de espacios naturales, conflictos por el uso del suelo y costos de recuperación. Por eso, el examen de una obra debe anteceder a su ejecución y continuar mientras pueda producir impactos.
Legnani tiene la responsabilidad política de explicar el criterio de su administración. Promover inversiones obliga también a establecer límites, sostenerlos y hacerlos respetar. El valor de un proyecto debe medirse tanto por su aporte económico como por su compatibilidad con el territorio que lo recibe. Los municipios y la Junta Departamental tienen, asimismo, un papel que cumplir. Pedir informes, examinar autorizaciones y dar seguimiento a los reclamos permite que la discusión salga de las declaraciones generales y llegue a las decisiones verificables.
La Costa de Oro merece una gestión capaz de anticiparse. La administración debe poner a disposición los estudios, informar los controles y explicar qué medidas adoptar ante los incumplimientos. El ambiente no puede esperar a que una afectación sea irreversible para convertirse en prioridad. Gobernar también es intervenir a tiempo.
