Efectivos policiales, acompañados del director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, se presentaron ayer en el Liceo Iava y entregaron a los estudiantes que ocuparon el centro de estudios desde el pasado miércoles por la tarde, un acta para que desalojaran la institución, algo que posteriormente sucedió.
Una vez que dejaron de ocupar el interior del edificio, se quedaron en las escaleras del centro educativo y horas después marcharon hacia el Codicen. Por otra parte se anuncio que en esta jornada habrá un paro de Fenapes (profesores) en los liceos de Montevideo.
Sobre el desalojo González dijo que “fue un procedimiento muy tranquilo. Se dio la orden de desalojo porque, como todos saben, se puede protestar, pero no ocupar. Miremos el vaso medio lleno; todo se dio con normalidad y paz”.
El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo que la ocupación del IAVA responde a un caso de “privatización”.
“Estamos ante un caso de privatización, con la particularidad de que, a diferencia de las privatizaciones que se hicieron en otra época, acá no se paga. Hay un grupo de un centro de estudiantes que se declaró dueño de una zona de un edificio educativo, que es una zona de tránsito, de ingreso, que se quiere modificar para poner una rampa para facilitar el acceso de personas con dificultades de movilidad. Se niegan a esa medida extremadamente razonable y están tomando medidas de fuerza”, dijo Da Silveira en rueda prensa.
Por su parte el presidente de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), Robert Silva resaltó que a los alumnos se les ofreció un lugar alternativo dentro del edificio, pero que lo rechazaron. “A mí me asombra cómo está. Yo no sabía que en el IAVA teníamos en ese estado deplorable un acceso que se dice salón, pero que no es salón”, indicó.
“Un espacio dentro de un establecimiento educativo está bien que no se tenga acceso al mismo, está bien que esté clausurado y que esté en el estado deplorable que está”, sostuvo. “El espacio del gremio de los estudiantes tiene que respetar norma mínimas de decoro. Hoy se grafitea, mañana puede pasar cualquier cosa”, subrayó.
“Nosotros queremos dialogar. Estamos dispuestos a hacerlo, pero reivindicamos la necesidad del principio de autoridad que tienen que tener los establecimientos educativos y por eso también respetamos y respaldamos el accionar de nuestras inspectoras que fueron avasalladas”, destacó.
“Creo que hubo totalitarismo, actitudes patoteras con las inspectoras que son trabajadoras públicas que fueron al establecimiento a dialogar. Hubo cánticos agresivos y agraviantes”, dijo Silva.
En relación a la situación del docente, expresó que “el sumario fue lo que asesoró División Jurídica en función de la evidencia material”, y resaltó que “no es una sanción ni una destitución”. “El sumario es un procedimiento disciplinario para determinar a cabalidad la responsabilidad de un funcionario público, que se presume ha cometido una falta grave, y por ser una falta grave es que va con separación del cargo”, agregó.
“Un director cumple un rol fundamental, que es ser un gran mediador, articulador en las comunidades educativas, pero además obviamente está sometido a jerarquía de las inspecciones, de toda una institucionalidad que existe. Por lo tanto, aquí no hay avasallamiento de nadie, aquí lo que hay es pretender encontrar una solución que la dirección general quería para el establecimiento educativo”, sostuvo.
«Vocación autoritaria»
Sobre todo lo sucedido, el Frente Amplio emitió un comunicado que dice que “la responsabilidad de las autoridades es garantizar el ejercicio pleno de la libertad y la democracia en las instituciones educativas y la sanción anticipada, recurriendo a la tipificación de “insubordinación”, evidencia una vocación autoritaria inadmisible en la educación pública. Dicha sanción, ratificada por mayoría en el CODICEN, se ampara en normativa aprobada en las horas más oscuras que atravesó nuestro país”.
Agrega que “nos preocupan y ocupan las consecuencias que genera esta imprudencia y por eso convocaremos al Parlamento, de forma urgente, a las autoridades para que expliquen los fundamentos de una acción que no contribuye al fortalecimiento de la vida democrática de la educación pública”.
