Bajo el contexto histórico de prolongadas asimetrías económicas y sociales en la frontera entre Uruguay y Brasil, nuestro Parlamento dio esta semana un paso importante al aprobar por unanimidad un paquete de cinco medidas destinadas a mitigar los impactos negativos que estas desigualdades continúan generando en el comercio y la vida cotidiana de aquellos que viven en la frontera.
En entrevista exclusiva para Diario La R, el diputado frenteamplista y presidente de la Comisión de Frontera Uruguay-Brasil Gabriel Tinaglini, dialogó sobre el alcance de estas iniciativas, su proceso de construcción, el seguimiento que se prevé realizar y las prioridades que aún quedan por atender. “El mensaje más potente es: comencemos por algo de una vez por todas”, resumió.
El paquete aprobado contempla la rebaja del IVA al 11% en la frontera (y del 10% al 0% en productos con tasa mínima), la exoneración de aportes patronales para nuevas contrataciones, la habilitación para la microimportación de doce productos de la canasta básica, la exoneración del 100% del arrendamiento de terminales POS, y la ampliación del descuento del IMESI en naftas del 24% al 32%.
Según explicó Tinaglini, estas medidas surgen de un proceso que lleva años de elaboración y debate. “En el período pasado ya se habían generado dos comisiones, tanto para Argentina como para Brasil. Allí se marcó una ruta de trabajo”, recordó. A su vez, destacó que muchas de las propuestas debatidas recientemente tienen su origen en proyectos presentados por diferentes bancadas durante el periodo legislativo anterior, incluyendo al Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Nacional y el Frente Árbitro.
Consultado sobre si las medidas son suficientes, el diputado respondió: “no, no son suficientes”. Según explicó, desde el equipo económico del Poder Ejecutivo, se reconoció que estas medidas son apenas un punto de partida. Mencionó que “lo que se pidió a todos los parlamentarios fue que nos diéramos la oportunidad de empezar a hacer algo concreto y real por la frontera”.
Base territorial y diálogo político
Tinaglini valoró que el gobierno haya recogido insumos de las recorridas realizadas por el equipo económico en los departamentos fronterizos, con entrevistas a comerciantes y actores locales. La culminación de ese trabajo tuvo lugar el 6 de junio en Artigas, con la presentación oficial de las medidas.
“Lo que se votó ayer – en referencia a la sesión del martes 5 de agosto – es el resultado de esa síntesis. Algunas medidas fueron incorporadas por el Poder Ejecutivo directamente, otras pasaron por el Parlamento.” En ese proceso, se sumaron aditivos propuestos por la oposición, como la ampliación de los límites geográficos para aplicar las medidas, que originalmente se restringían a 60 kilómetros de la frontera.
El legislador también valoró el consenso alcanzado en torno al proyecto al ser votado por unanimidad y destacó el compromiso de diversos actores políticos, más allá de los colores partidarios.
Monitoreo y ajuste permanente
Uno de los aportes claves del Frente Amplio al proyecto fue la creación de un observatorio de políticas de frontera, que permitirá evaluar el impacto real de las medidas. “Esto es una renuncia fiscal estimada en unos seis millones de dólares. Depende cómo recuperemos la compra del lado uruguayo, y esto puede bajar esa renuncia fiscal si se ‘expectiviza’ de que se compren más del lado uruguayo que del lado brasileño”, explicó Tinaglini. En la frontera del Chuy, por ejemplo, ya se ha registrado un aumento en la venta de naftas de este lado.
El monitoreo, dijo, será clave para evaluar si se deben ampliar los productos habilitados para microimportación o si conviene extender aún más la franja geográfica de aplicación. “Si cosas funcionan, funcionan. Si no, se buscarán mecanismos para que funcionen”, afirmó.
En ese sentido, adelantó que en la próxima reunión de la Comisión de Frontera citarán a la Universidad Católica, que ya cuenta con herramientas técnicas de medición. “Se trata de tener información objetiva y profesional que respalde las decisiones”, sostuvo.
Servicios binacionales y desafíos estructurales
Más allá del aspecto comercial, Tinaglini llamó la atención sobre las complejidades sociales que atraviesan la frontera. “Hay mucho código de frontera que hay que estar ahí para entenderlo”, afirmó. Mencionó, por ejemplo, que muchos uruguayos residen del lado brasilero ya que el costo de vida es más económico, pero continúan utilizando los servicios educativos y de salud de Uruguay. “Esto debe estar dimensionado cuando se asignan recursos, porque el número de usuarios supera al de los habitantes reales de localidades como La Barra del Chuy”, explicó.
La presión demográfica posterior a la pandemia también ha agudizado estas situaciones. Los resultados del último censo en 2023 reflejaron un aumento poblacional en localidades como Barra de Chuy y Puimayen, balnearios elegidos por habitar todo el año por su tranquilidad y cercanía con la frontera. Por lo mismo, el diputado señaló que “se necesita sí o sí otra escuela en la Barra del Chuy. Eso ya lo determinó el último censo”, indicó, y añadió que también se requiere una nueva UTU en Chuy.
En cuanto a educación terciaria, destacó los avances logrados en el Instituto de Alta Especialización de Chuy (ex Polo Tecnológico), donde actualmente se desarrolla una carrera binacional de control ambiental con estudiantes de Pelotas (Brasil) y de Chuy. “Eso también son señales claras de integración”, valoró.
Complementariedad en salud y transporte
En materia de salud, el diputado recordó la vigencia de la ley 18.546 “Nacionales fronterizos uruguayos y brasileños. Prestación de servicios de salud”; que desde 2009 promueve la complementariedad de servicios sanitarios entre ambos países. Sin embargo, admitió que su implementación ha sido desigual. “Hay ambulancias que cruzan la frontera, médicos que trabajan en ambos lados, pero los choferes no están amparados con seguros, o hay dificultades con la revalidación de títulos”, detalló.
Para avanzar en este terreno, el nuevo gobierno ha buscado reactivar las comisiones binacionales de salud. En una reunión reciente entre Yamandú Orsi, Cristina Lustemberg por el Ministerio de Salud Pública y Lucía Echeverri por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), se discutió cómo agilizar y mejorar la cooperación transfronteriza. “Hay que ver cómo se facilita esa ida y vuelta, para no complejizar aún más los vínculos”, remarcó Tinaglini.
La hidrovía y una oportunidad de desarrollo
Entre los temas emergentes, el legislador también mencionó el proyecto de hidrovía de Laguna Merín, que podría convertirse en una vía estratégica de transporte de mercaderías entre Uruguay y Brasil. “La definición de Brasil de dragar el canal de San Gonzalo, que conecta Laguna Merín con la Laguna de los Patos y el puerto de Río Grande, abre una nueva etapa”, afirmó. Esta acción había sido comunicada en 2023 por el entonces subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola, después de los acuerdos llevados adelante por el presidente de Brasil, Lula da Silva y el expresidente Luis Lacalle Pou.
La iniciativa, aún en etapa de estudios de factibilidad, podría generar infraestructura portuaria, empleo y dinamismo económico en los departamentos del este, como Rocha y Treinta y Tres. “Se abre otro capítulo”, concluyó.
La frontera entre Uruguay y Brasil representa un espacio de desafíos, pero también de oportunidades. Las medidas aprobadas esta semana son, en palabras de Tinaglini, “un comienzo”, un gesto político que busca dejar atrás la inercia y avanzar hacia soluciones concretas.
