La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, anunció que el Poder Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley para suspender el pago de haberes a personas que se encuentren prófugas de la Justicia y residan fuera del país, una iniciativa que surgió tras detectarse situaciones en las que militares requeridos judicialmente continuaban percibiendo prestaciones por falta de herramientas legales que permitieran interrumpir esos pagos. La jerarca realizó estas declaraciones durante una conferencia de prensa en el histórico Cuartel de Dragones de Maldonado, en el marco de una gira institucional por el departamento que incluyó visitas a unidades militares, encuentros con autoridades locales y recorridas por instalaciones del Ejército y la Armada.
La propuesta legislativa fue uno de los principales anuncios de la jornada y aparece vinculada a una discusión que en los últimos meses ha cobrado relevancia pública en torno a militares condenados o requeridos por causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Lazo explicó que actualmente el Estado carece de instrumentos jurídicos para detener automáticamente el pago de haberes cuando una persona se encuentra prófuga en el exterior, salvo que exista una comunicación judicial específica que habilite esa actuación. “Se está trabajando para presentar una iniciativa que entendemos debe venir del Poder Ejecutivo y bajar al Legislativo para su discusión y sus aportes”, señaló.
Según explicó, el tema surgió tras detectarse casos de personas que permanecían fuera del país, en condición de prófugas, sin presentarse a realizar los controles de fe de vida requeridos para el cobro de determinadas prestaciones. La ministra indicó que el Ministerio de Defensa no puede disponer unilateralmente la suspensión de esos pagos si no existe una base legal que lo habilite. “Nosotros no podemos hacer una retención porque no tenemos las herramientas jurídicas”, afirmó.
La iniciativa se está elaborando en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y con consultas al Banco de Previsión Social (BPS). Lazo sostuvo que el objetivo es establecer un criterio general que abarque a cualquier ciudadano en situación de prófugo y no únicamente a los militares. “Si alguien está prófugo, no importa si es militar o no es militar. Si hay un civil que cometió un delito, está prófugo y en el exterior y no da fe de vida, también está mal que cobre”, señaló.
La propuesta prevé que los haberes queden retenidos mientras la situación judicial permanezca sin resolverse. Posteriormente, en función de la decisión de la Justicia, podrían devolverse los fondos o aplicarse los mecanismos que correspondan según cada caso. La ministra reconoció que se trata de un asunto sensible y sostuvo que el gobierno busca actuar con “ecuanimidad” y dentro de los tiempos necesarios para construir una solución jurídica sólida.
«El caso Cardama quedó atrás»
Consultada sobre la situación del frustrado proceso de adquisición de patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, Lazo aseguró que para el ministerio ese capítulo pertenece al pasado. “Para mí Cardama es una cuestión del pasado”, afirmó. La ministra recordó que la administración resolvió rescindir el contrato luego de los problemas surgidos con las garantías exigidas en el proceso de compra.
Indicó que actualmente existen aspectos jurídicos que se tramitan tanto en la jurisdicción nacional como internacional, pero evitó brindar detalles sobre esos procedimientos. “Hay dos aspectos que son jurídicos. Uno tiene jurisdicción nacional y otro jurisdicción internacional y eso está corriendo”, expresó.
No obstante, subrayó que el foco de la cartera está puesto en encontrar nuevas soluciones para fortalecer las capacidades de vigilancia marítima del país. Lazo destacó que la renovación de medios para la Armada Nacional continúa siendo una prioridad estratégica debido a la extensión de los espacios marítimos bajo jurisdicción uruguaya.
La ministra sostuvo que el país necesita incorporar herramientas que permitan mejorar la vigilancia y protección de las aguas territoriales, así como de la extensa línea costera. Además de las patrulleras oceánicas, indicó que el ministerio evalúa otras plataformas de menor porte y mayor velocidad para complementar las tareas de vigilancia. Aunque evitó adelantar detalles sobre eventuales adquisiciones, aseguró que cualquier novedad será comunicada oficialmente una vez que existan definiciones concretas.
Situación en el Congo
Durante la conferencia también se abordó la situación del contingente uruguayo desplegado en la República Democrática del Congo, donde preocupa la expansión de enfermedades infecciosas en algunas regiones como el ébola. Lazo aseguró que el Ministerio de Defensa recibe informes diarios y que se aplican estrictos protocolos sanitarios.
Indicó que se suspendieron actividades que implicaban contacto masivo entre contingentes internacionales, como algunas ferias comerciales internas que se realizaban en instalaciones de Naciones Unidas.
“Se han tomado todos los recaudos para que eso suceda”, afirmó.
La ministra señaló además que cualquier eventual visita oficial al contingente dependerá de que las condiciones sanitarias y de seguridad permitan concretarla sin riesgos. La gira por Maldonado culminó con un acto simbólico en el Cuartel de Dragones, donde la ministra entregó al comandante de la unidad una resolución firmada por el presidente de la República que autoriza el uso oficial del escudo heráldico de la histórica institución.
Para Lazo, la actividad representó una oportunidad para reafirmar la importancia de la denominada “cultura de defensa” y el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la historia nacional. “Queremos que todos los ciudadanos que pasan por la puerta de este cuartel sientan la pertenencia de este lugar histórico vinculado a la figura de José Artigas”, concluyó.
Era hora que esto se hiciera