La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) volvió al centro de la discusión parlamentaria a partir de distintas propuestas sobre su integración, funcionamiento y recursos. El debate se desarrolla mientras el organismo tramita investigaciones vinculadas a dirigentes políticos y advierte sobre las dificultades para cumplir con sus tareas debido a la falta de personal.
El diputado colorado Conrado Rodríguez presentó un proyecto de ley que modifica los criterios para designar a los integrantes de la Jutep. Su propuesta establece que quienes ocupen los cargos de dirección sean exmagistrados con al menos diez años de antigüedad.
Durante una reunión de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, Rodríguez sostuvo que el objetivo es dotar al organismo de mayor fortaleza institucional. A su entender, la integración actual no ofrece las garantías suficientes para desarrollar adecuadamente las funciones asignadas a la Junta.
La iniciativa abrió un debate más amplio entre los legisladores. Gustavo Salle planteó una posición diametralmente opuesta y propuso eliminar directamente la Jutep. “La Jutep no tiene que existir, punto”, afirmó durante la discusión.
El colorado Juan Martín Jorge planteó, en cambio, la necesidad de reforzar la estructura del organismo mediante la incorporación de profesionales, especialmente contadores, escribanos y abogados.
Desde el Partido Nacional, Pablo Abdala consideró que la discusión no debería limitarse al proyecto de Rodríguez. Según sostuvo, es necesario analizar la propia institucionalidad de la Jutep y definir políticamente qué organismo de control necesita el país.
El debate coincide con el reclamo de la Junta por mayores recursos. Actualmente, el organismo sostiene que su plantilla resulta insuficiente para procesar las denuncias recibidas y controlar las declaraciones juradas previstas por la normativa.
Entre los asuntos en análisis figuran investigaciones relacionadas con el edil nacionalista Gonzalo Gómez, la compra de una camioneta por parte del presidente Yamandú Orsi y el patrimonio del expresidente Luis Lacalle Pou.
