La Cámara de Representantes declaró insatisfactorias las explicaciones del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, al término de una extensa y por momentos tensa interpelación que se prolongó durante 15 horas y tuvo como eje central la gestión del conflicto laboral en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), en el puerto de Montevideo.
La moción, presentada conjuntamente por Cabildo Abierto e Identidad Soberana y respaldada por los partidos Colorado y Nacional, fue aprobada en la madrugada de este jueves por 49 votos afirmativos contra 48 negativos. El resultado significó el primer pronunciamiento de una cámara legislativa que declara insatisfactorias las explicaciones de un integrante del gabinete de Orsi.
La sesión había comenzado el miércoles a las 11 horas, a iniciativa del diputado colorado Adrián Juri, quien cuestionó la actuación del Ministerio de Trabajo durante el prolongado conflicto entre la empresa TCP y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), así como la respuesta de la cartera frente a otros episodios de conflictividad laboral.
La votación -a las 2.50 horas del jueves- estuvo precedida por un escenario parlamentario ajustado. Los partidos Colorado y Nacional contaban con dos legisladores menos durante la sesión, por lo que necesitaban el respaldo de los cuatro representantes de Cabildo Abierto e Identidad Soberana para alcanzar la mayoría. La moción oficialista no llegó a votarse, dado que la propuesta opositora obtuvo los votos suficientes. El pronunciamiento tiene carácter político y no implica consecuencias jurídicas para el ministro. Se diferencia de la censura prevista en los artículos 147 y 148 de la Constitución, que constituye el mecanismo parlamentario capaz de determinar la eventual salida de un integrante del gabinete.
El resultado también marca una diferencia respecto de anteriores interpelaciones a ministros del actual gobierno. Las mociones opositoras contra Edgardo Ortuño, por el proyecto Neptuno, y José Carlos Mahía, por la actuación de la Jutep en el caso Danza, no habían conseguido prosperar. La primera obtuvo 49 votos contra 50 y la segunda terminó empatada en 49. La interpelación a Cristina Lustemberg, en tanto, concluyó sin una declaración de insatisfacción.
La defensa de Castillo
En su exposición inicial, el ministro sostuvo que el diferendo en TCP fue una negociación colectiva entre una empresa y su organización sindical y no un conflicto que involucrara a la totalidad de las relaciones laborales del puerto de Montevideo. Castillo recordó que se trató de la primera negociación de un convenio colectivo entre ambas partes bajo el actual régimen de concesión de la terminal, cuya vigencia se extiende hasta 2081. El convenio anterior había vencido en octubre de 2025 y fue prorrogado hasta mayo de 2026. Según explicó, la plataforma sindical había comenzado con 36 puntos, pero durante las negociaciones las diferencias se concentraron en tres asuntos: los jornales asegurados, particularmente en las franjas superiores a 20; una partida extraordinaria al momento de la firma y otra compensación excepcional por determinadas tareas realizadas.
Frente a los cuestionamientos sobre una supuesta ausencia o intervención tardía del Ministerio, Castillo enumeró las gestiones realizadas desde junio. Afirmó que, una vez estancada la negociación bipartita, la cartera convocó de oficio a una instancia de mediación el 10 de junio, que posteriormente incluyó más de 40 reuniones y numerosos contactos bilaterales. También mencionó las distintas propuestas formuladas por el Ministerio entre junio y setiembre, hasta alcanzar el preacuerdo del 30 de setiembre y la firma del convenio colectivo el 7 de octubre, con una vigencia de cinco años. El acuerdo contiene 28 cláusulas, incorpora mejoras salariales y laborales, regula aspectos de la organización del trabajo y establece mecanismos de prevención y resolución de conflictos, además de una cláusula de paz.
El ministro reconoció que el gobierno hubiera preferido alcanzar una solución antes y que la extensión del diferendo generó dificultades para la actividad portuaria. Sin embargo, defendió el papel institucional de su cartera y sostuvo que el Ministerio no tiene atribuciones para arbitrar o sentenciar en los conflictos, sino que debe generar condiciones para el diálogo y acercar posiciones. Uno de los puntos centrales de su exposición estuvo relacionado con las consecuencias económicas del conflicto. Castillo sostuvo que existieron afectaciones en la operativa de la terminal, pero cuestionó que se atribuyeran al diferendo determinadas pérdidas sin establecer con precisión sus fuentes y metodologías de cálculo. Para respaldar su posición, presentó cifras de la Administración Nacional de Puertos correspondientes al período enero-setiembre de 2026. En ese lapso, el movimiento del conjunto del Puerto de Montevideo alcanzó 357.006 contenedores, frente a 360.838 en igual período de 2025, una reducción del 1,1%. Medido en TEU, el movimiento pasó de 644.356 a 643.242 unidades equivalentes de 20 pies, una variación negativa del 0,2%.
El ministro también señaló que, según información del sistema LUCIA de la Dirección Nacional de Aduanas, durante esos nueve meses las importaciones ingresadas por el puerto aumentaron un 6% y las exportaciones despachadas crecieron un 4,1%, medidas en dólares corrientes. A partir de esos indicadores, planteó que no toda variación del movimiento de contenedores, buques o valores comerciales puede atribuirse exclusivamente al conflicto, dado que también inciden las rutas navieras, la demanda y otras condiciones del comercio internacional.

Servicios mínimos y rechazo a la esencialidad
Otro capítulo de la interpelación estuvo dedicado a la decisión del Poder Ejecutivo de establecer servicios mínimos durante el conflicto portuario.
Castillo sostuvo que las actividades portuarias no constituyen servicios esenciales en sentido estricto, de acuerdo con los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que considera como tales aquellos cuya interrupción puede poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la población. Sin embargo, argumentó que los puertos pueden ser considerados servicios públicos de importancia trascendental, cuya interrupción puede afectar otros derechos fundamentales. En esos casos, explicó, la OIT contempla la posibilidad de establecer servicios mínimos. El ministro defendió que esa fue la herramienta utilizada por primera vez en Uruguay para atender la situación de TCP, en lugar de recurrir a una declaración de esencialidad que, según su interpretación, no correspondía jurídicamente.
También detalló que el Ministerio de Trabajo y el de Transporte convocaron a las partes para determinar las actividades que debían mantenerse operativas, mediante resoluciones del 8 y 11 de setiembre, posteriormente ratificadas por el Poder Ejecutivo.
La discusión parlamentaria estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de Juri a la actuación del ministro. El diputado colorado llegó a reclamarle que debía»ponerse los pantalones» frente a las situaciones de conflictividad laboral. Uno de los interrogantes planteados estuvo relacionado con la eventual declaración de esencialidad si el sindicato incumplía las cláusulas de paz del convenio colectivo firmado con TCP. Castillo respondió que, ante una situación de esas características, el Ministerio pondría en marcha sus mecanismos de mediación y conciliación. Sostuvo que los servicios portuarios no son esenciales en el sentido estricto establecido por la OIT y que, por tanto, no correspondía en principio una declaración de ese tipo.
También defendió su trayectoria sindical y su pertenencia al Partido Comunista, cuestionadas durante el debate por legisladores de la oposición. «Soy un ministro de Trabajo que no reniega de su pasado sindicalista ni de ser afiliado al Partido Comunista», afirmó.


La oposición: «piolin en bolsa » todos los ministros qué han actuado desde que me conosco son del ambiente laboral y por algo los ponen allí. Un ministro de Ganadería como Fernando Mattos , es un empresario rural y de la Asociación RURAL y si actúa correctamente y por el bien general ; es solo un ejemplo y así todos los demás.
Para eso existen los controles parlamentario y otros organismos .
No olvidemos que es un MONOPOLIO Y SABEMOS QUIEN LOS PUSO ALLI.
Los trabajadores debemos luchar por nuestras conquistas y evitar lo que traen las política LIBERALES.
BASTA CON VER A NUESTRO ALREDEDOR.
ANALFABETO… ¿CUALES CONQUISTAS CELEBRAS SI TE MINTIERON EN TODO? TE CAGARON CON ESTUPIDOS SRGUMENTOS DE TODO TIPO……… ESTE PAIS LO CONSTRUYERON LOS FILOSOFOS, LOS DOCTORES, LOS QUE COMO J. SUAREZ SALIO MAS POBRE QUE RICO… LOS BATLLE Y ORDOÑEZ QUE CONSQUISTO.. EL URUGUAY LAICO. TE ESTAS REFIRIENDO A UN MIGAP., ¿Y QUE ES FRATTI? ES OTRO OLIGARCA PERO MUY GARCA…… EL PAIS NO SE SOSTIENE CON UN MINISTRO DE TRABAJO, QUE MINTIO SIEMPRE, FUE INGRESADO AL PUERTO DURANTE LA DICTADURA, QUE SIEMPRE TUVO CLASIFICAN «A» CUANDO BLANCOS Y COLORADOS TENIAN «B»w Y TAMBIEN «C» QUE NO IBA A TRABAJAR, QUE TIENE UN APTO EN MIAMI, ¿CON QUE LO COMPRO SI NUNCA TRABAJO EN SU VIDA. VEO ALREDEDOR Y VEO MISERIA GENTE EN LAS CALLES, 95.000 QUE SIGUEN SIENDO POBRES PUES SOLO GANAN $200 MAS QUE ANTES…..VEO ABANDONO, VEO PELIGRO, VEO QUE SE PERFORA LA LAICIDAD, VEO QUE NO SE RESPETA LA CARTA MAGNA….VEO MENTIRAS Y MAS MENTIRAS, VEO CORRUPCION, . ADEMAS VEO QUE conoZZZZco va con ZERA ZETA ZETA, VEO QUE ESCRIBIS COMO PENSAS O SEA CON EL ORTO.
… sólo al Sr. Juan se le ocurre dar explicaciones en un idioma que no sea el idioma inglés,
(con acento de Manchester)… el Sr. Juan se ha atrevido a dar explicaciones en la lengua que
aborrece Donald (y que jamás aprendería según Donaldico declaró)
Juan… tu eres muy díscolo por ello nadie queda satisfecho contigo. Abandona ya esa
lengua pusilánime que hablas y cásate con Ivanka… porfi…
SIN EMBARGO AL SR. JUAN SE LE OCURRIO COMPRARSE UN APTO EN MIAMI PARA APRENDER EL IDIOMA…PORQUE EL SR. JUAN ES CORRUPTO Y VIVIDOR, QUE SE APROVECHA DE LOS TRABAJADORES Y SUS APORTES. PARA VIVIR DE LOS CORNUDOS QUE APORTAN,