El proyecto de ley de de Corresponsabilidad en la Crianza volverá a ser tratado en la Cámara de Diputados el próximo martes 11 de abril.
Son dos las instituciones que siguen cuestionando esta iniciativa que será aprobada con los votos de la Coalición.
Por una lado el representante de Unicef en Uruguay, Francisco Benavides Martínez, remitió una carta a los legisladores en la cual señala que el proyecto de ley que se someterá a votación «mantiene aspectos que son de preocupación para Unicef en la medida que son contrarios a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño».
Por ejemplo, se cuestiona el Artículo 3 que modifica el artículo 35 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que «el Juez resolverá, atendiendo a las circunstancias del caso y siempre considerando el interés superior del niño o adolescente y en base a ello fijará el régimen de tenencia, teniendo presente el Principio de Corresponsabilidad en la Crianza» Ante esto y para Unicef «el interés superior puede significar en el caso concreto efectivamente lo contrario, es decir, que la tenencia alternada no sea la mejor opción para ese niño, niña o adolescente».
A su vez también se cuestiona el artículo 4 (literales b y c) que prioriza mantener las visitas «por encima de una posible afectación del interés superior del niño. Resulta preocupante que la suspensión de la visita se plantea como excepción y no como una medida de protección a los niños. Es importante aclarar que, incluso en lugares públicos, con otros familiares presentes o con otra serie de medidas como las enunciadas en el literal C), el encuentro de los niños con las personas que pudieron haberles agredido genera daños psicoemocionales y de salud significativos».
Por su parte El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo indica que «el Consejo Directivo desea resaltar la importancia de legislar con prioridad en el interés superior de la infancia. Por ello, enfatiza la necesidad de que los legisladores revean la redacción del articulado hacia esa posición, en especial el artículo 4, que puede implicar vinculación entre el niño o la niña y su posible agresor o agresora», señala el comunicado.
A su vez, dice también que «es de importancia que el sistema político en su conjunto busque vías para resolver la acuciante falta de recursos que padece la Justicia para atender este tipo de asuntos. Sin estos recursos, los tiempos que median entre la imposición de medidas cautelares y su cese pueden ser muy largos y aparejar la ruptura del vínculo pre existente entre el niño o niña y el progenitor o la progenitora. Esto también se opone y perjudica el interés superior de la niña o el niño».
