El gobierno del expresidente Luis Lacalle Pou sufrió varias bajas durante su mandato del 2020 al 2025; en total, 10 dirigentes políticos que ocupaban cargos públicos de confianza del exmandatario terminaron abandonando sus puestos por diferentes escándalos. En su gran mayoría varios de ellos continuaron en cargos ligados a su partido político.
El evento cuyos tentáculos alcanzaron a varios jerarcas fue el conocido “caso Marset”. Uno de ellos fue el exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, que renunció la primera noche de noviembre del año 2023. Luego de que se filtraron los audios donde le pedía a Carolina Ache (vicecanciller en ese momento) que destruyera las pruebas en la investigación sobre el pasaporte entregado al narcotraficante Sebastián Marset.
Días más tarde, el entonces asesor de la presidencia de la República, Roberto Lafluf, fue obligado a abandonar su cargo debido al mismo motivo, pero en este caso no dio declaraciones. Más recientemente, se supo que estuvo como asesor del precandidato presidencial Álvaro Delgado en las Elecciones Nacionales del 2024.
El episodio de entrega del pasaporte a Marset también arrastró al actual senador por el Partido Nacional (PN), Luis Alberto Heber, y aclaró que “no nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho” y que su renuncia al cargo de Ministro del Interior en el 2023 se debió a “circunstancias políticas” y no de gestiones. El mismo destino tuvieron la propia precandidata presidencial por el Partido Colorado 2024, Carolina Ache, y el subsecretario del Ministerio del Interior (2020-2023), Guillermo Maciel.
En otra circunstancia, la ex ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, renunció luego de que se conociera que adjudicó de manera directa viviendas a militantes de Cabildo Abierto, situación que le costó el cargo a petición de Luis Lacalle Pou. La también exsenadora cabildante aseguró en su comunicado: “No es más que una nueva operación de desprestigio a nuestro accionar”, agregando que no se benefició a ningún ciudadano en particular.
Otra cartera ministerial que se vio durante el gobierno de Lacalle Pou fue la de Turismo. El primer ministro designado por el presidente fue Gérman Cardozo, quien un año y cuatro meses después fue separado del cargo por las compras directas de publicidad que hizo como jerarca y luego dijo que fue “víctima de un ataque político furibundo”. Luego de eso, Cardozo volvió a su banca de Diputado para terminar su periodo en febrero de este año.
El octavo que salió por inconsistencias en sus funciones fue Santiago Gonzalez, que en el mes de mayo de 2023 renunció como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana luego de la polémica generada por su concurrencia al Hospital Policial cuando no le correspondía ser atendido allí.
El jerarca del Ministerio del Interior envió una carta al presidente de la República en la que se refiere a que «en los últimos días ha habido una serie de cuestionamientos sobre el uso inapropiado del Hospital Policial» y agrega: «Jamás me aproveché del poder, pero si algo está mal, está mal y debe de medirse con esa vara a todos, cosa que aplaudo».
El mismo problema eclipsó a Luis Calabria, ex director general de la Secretaría del Ministerio del Interior, que durante la tarde del 31 de agosto de 2022 abandonó su cargo luego de conocerse la noticia de que él y familiares se atendieron en el Hospital Policial, y dos días más tarde de que el presidente Luis Lacalle Pou dijera que desconocía si alguna autoridad de gobierno se atendía en ese centro de salud.
Calabria, que después fue asesor del precandidato presidencial Álvaro Delgado en las internas del PN en el 2024, envió una carta al presidente en su momento donde, entre otras cosas, agregaba: “Al considerarlo un error de valoración, pero que puede utilizarse en este tiempo para impactar frente a la gestión de Gobierno, frente a mi persona y mi familia”.
Por último, pero no menos importante, otro nacionalista que se vio afectado fue el actual candidato a la Intendencia de Salto, Carlos Albisu. Quien en septiembre de 2023 renunció al cargo de presidente de la Comisión Mixta de Salto Grande, luego del cuestionamiento por más de 30 asignaciones directas en la comisión que beneficiaban a miembros de su partido y a los del Partido Colorado, a pesar de eso declaró: “Siempre nos mantuvimos dentro de la ley”; hubo un “uso oportunista” por parte de la oposición para “atacar al gobierno”.
