Educación y realidad carcelaria: el 48,5% de los presos sólo cursó primaria

En prisión 7 de cada 10 no son atendidos por ninguna propuesta educativa formal o no formal.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó los datos de un diagnóstico sobre analfabetismo en la población adulta privada de libertad. El relevamiento fue realizado en 2022, en las unidades penitenciarias de Santiago Vázquez y Salto. Se aplicó una prueba a 413 personas; más de la mitad no alcanzó el nivel mínimo. 

Los datos relevados reflejan una población masculina joven (29 años de mediana) que alcanzó como máximo nivel educativo, la educación primaria (56,9%). De ellos, el 38,9% dijo haber completado el 6.° año. Además de joven, es una población vulnerable. Las políticas de protección del Estado así lo confirman: el 81,3% participó de algún programa o recibió alguna prestación social en los últimos 10 años y durante un lapso prolongado. El dato clave para entender tal situación es que el 53,5% de los detenidos son analfabetos. El concepto de analfabetismo incluye una variedad de situaciones que se sitúan en torno al mismo: la imposibilidad de leer o escribir con fluidez, hacer cálculos matemáticos básicos o comprender estas actividades.

 En 2021 más de 20.000 personas transitaron por las unidades penitenciarias y más del 70% de los participantes en el dispositivo para el diagnóstico del analfabetismo son reincidentes y el 80% tiene menos de 38 años de edad. Un estudio de 2018 reveló que en lectura el 6% de las personas privadas de libertad declara no saber leer y el 12,26% hacerlo con dificultad, lo que implica que 2 de cada 10 no leen o lo hacen con dificultad. El 77,7% de las personas que no saben leer tiene entre 18 y 37 años, siendo el 97% varones. En cálculo (matemáticas) el 21,24%, (una de cada 5 personas privadas de libertad) no calcula o lo hace con dificultad.

Del total del revelamiento se observa como el 48,5% sólo tiene primaria y de esta cifra sólo el 25% en forma completa. El 6,3% completó el ciclo básico y otro 32,5% lo cursó, pero no lo completó. El 5,5% cursó el bachillerato sin completarlo y otro 1,88% lo completó y solamente el 0,30% completó la educación terciaria y otro 1% la cursó sin completarla. 

En el período de marzo a diciembre del año 2021, 7 de cada 10 varones privados de libertad no son atendidos por ninguna propuesta educativa formal o no formal. Eso es por los cupos disponibles, infraestructura y personal. Del promedio de varones atendidos en educación formal 2,9% cursa primaria, 12,5% cursa secundaria, 0,1% participa con aquellas que brinda la Inefop y 0,6% cursa educación terciaria.

Déficit educativo

El Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, ha señalado en sus informes entre 2017 y 2021 la necesidad de atender el déficit educativo de las personas privadas de libertad y la existencia de personas analfabetas. A este respecto sostiene: «Durante nuestras visitas observamos la alta cantidad de analfabetos existentes en el sistema penitenciario. También hay muchísimas personas que, si bien saben leer y escribir, lo hacen con lentitud y con muchas dificultades, lo que de hecho las excluye de algún trabajo mínimamente calificado o que no depende del esfuerzo físico solamente.». 

La realidad social de aquellos hombres privados de libertad mayores de edad, también es relevante. El 83,4% participó de algún programa o recibió alguna prestación social en los últimos 10 años. Casi la mitad (47,6%) de los varones privados de libertad recibió la Tarjeta Uruguay Social y 37,2% la Canasta de Emergencia Alimentaria. La Asignación Familiar del Plan de Equidad tiene una gran penetración en la población privada de libertad, ya que el 48,7% de los varones privados de libertad pertenece a hogares que recibieron la prestación, mientras que el 75% de quienes tienen entre 18 y 27 años fueron beneficiarios directos de Asignación Familiar del Plan de Equidad.

Otro detalle no menor: casi la mitad (46,7%) de los varones privados de libertad no tuvo trabajo formal durante los años 2012 a 2021, el 20,1% realizó aportes por 6 meses o menos, un 7,9% aportó entre 7 y 12 meses, un 8,8% lo hizo entre 1 y 2 años y, finalmente, quienes más aportes realizaron, entre 2 y 10 años, fueron el 16,4%. Del 100% de las personas relevadas que afirmaron tener interés en continuar con sus estudios, el 28,2% respondió tener motivaciones intrínsecas al aprendizaje, el 22,6% las vinculó al interés en la superación personal; en igual proporción, 22,1% mencionó estar motivado por la posibilidad de la inserción en el mercado laboral. Otro 7,7% dijo tener gusto o interés en sí mismo, sin asociarlo a otra motivación, 4,4% aludió motivos de descuento de pena, 4,1% superación familiar, y 2,6% para reducir el ocio y el tiempo de encierro.

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