El Frente Amplio buscan sumar fuerzas con Cabildo Abierto para aprobar la reestructura de deudas de las personas físicas

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Charles Carrera, en representación de la Bancada de Senadores del Frente Amplio, presentó al también senador, Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, un proyecto para que sea analizado por ese partido, a los efectos de encontrar un acuerdo para la reestructuración de deuda de las personas físicas.

Charles Carrera, en diálogo con el Diario La R, explicó que la oposición «elevó un documento hace algunos días atrás, y que ahora falta que Cabildo Abierto analice la propuesta, y que decida cuál es la respuesta que le da al Frente Amplio, y allí se sabrá si el tema avanza o queda solo en la propuesta».

Señaló también que “desde el Frente Amplio tenemos preocupación de los deudores de créditos al consumo. Consideramos que a partir de la pandemia se agravó la situación, y hay una crisis económica que se agravó. Tenemos información de que hay un millón de personas en el Clearing, y otros 600 mil deudores que son calificadas como irrecuperables”.

El legislador dijo que el Frente Amplio presentó un proyecto de ley para abordar la problemática, “que tiene una serie de prácticas abusivas en el cobro, que nosotros denominamos “de protección al deudor”, y lo que hicimos fue fusionar nuestro proyecto con uno que presentó Cabildo Abierto, que establece un proyecto de reestructuración de deudas, que es muy similar y que ya se ha hecho en otros países”-

El senador agregó que como la izquierda por sí sola no tiene los votos para sacar adelante la iniciativa, “por eso invitamos a Cabildo Abierto a aunar fuerzas para tratar esta problemática, y ese proyecto básicamente, lo que establece es tomar el proceso administrativo de reestructuración de deudas, que si no tiene un acuerdo se llega a la instancia judicial, y tiene todo un capítulo de protección al deudor, lo que busca prohibir es una serie de prácticas abusivas que se dan en el cobro, información falsa, ya que muchas veces no se informa las tasas de interés entre otras normas que estamos estableciendo. La intención y compromiso de la bancada de senadores del Frente Amplio estuvo en presentar un proyecto para abordar esta problemática”.

Explicó además que con los votos de ambas partes, en marzo se podría dar aprobación a esta ley, y que desde la izquierda se considera como “muy importante el tomar este tipo de medidas”. Pasadas algunas semanas de la presentación del proyecto, y hasta el día de la fecha, no han existido reuniones por este tema ni entre Charles Carrera y Guillermo Domemech como tampoco entre los coordinadores de las bancadas de ambos partidos.

La voz de Cabildo Abierto

Por su parte, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, que también habló con el Diario La R, explicó que “ese proyecto me lo entregó en manos el senador Charles Carrera. La propuesta es básicamente la que desde nuestro partido estábamos impulsando, al que se le agregaron cuatro artículos. De esos cuatro artículos, salvo uno que hace referencia a los intereses moratorios, los demás son puntos que yo ya sabía que le interesaban al Frente Amplio, y las incluí de alguna manera en el texto del proyecto”.

Domenech afirmó que “nos tenemos que poner a trabajar en estos dos proyectos. Además tenemos que resolver algún que otro problema que evidentemente se plantean, como por ejemplo un punto que se nos pasó por alto es que hay que darle algún tipo de garantía a los acreedores de que conozcan y sepan que se inician los procedimientos, y eso podría ser estableciendo la obligación de un edicto que se publicara gratuitamente en la página web del Poder Judicial. Hay que realizar ajustes”.

Agregó que en todos estos temas se podría comenzar a trabajar en febrero, aunque no dio certeza de una fecha exacta. El senador dijo además que por el proyecto y su contenido va a consultar al Partido Nacional, y afirmó: “me parece que sería muy bueno que saliera por un acuerdo de todos los partidos políticos”. “Por otro lado, me parece que también tenemos la obligación ética, como miembros de la coalición, de que el Partido Colorado y el Partido Nacional coparticipen en el tema”, señaló.

En la eventualidad de que ambos partidos políticos no tengan interés en sumarse al tratamiento y definición del tema, Cabildo Abierto igual seguiría adelante. En referencia al Partido Nacional, Domenech dijo que no cree que esa fuerza política no acompañe la iniciativa, ya que en su momento votó el “proyecto primitivo”.

Proyecto

El proyecto que Charles Carrera le presentó a Guillermo Domenech, y al que accedió el Diario La R, tiene tres capítulos y un total de 32 artículos. El capítulo que tiene más artículos es el I, con 21 artículos, y en lo que se refiere a su artículo Nº 1, el mismo trata sobre la “Creación de procedimientos de reestructura de deudas). 

En el texto del mismo dice: “Créase un procedimiento judicial para reestructurar los pasivos de las personas físicas originados en créditos al consumo no garantizados con hipotecas, el que deberá ser precedido obligatoriamente de un procedimiento conciliatorio en el ámbito administrativo”.

En el artículo Nº 2 trata sobre la legitimación, y señala: “Estarán legitimados para iniciar cualquiera de los procesos mencionados en el artículo precedente los que se encuentren en imposibilidad de afrontar el cumplimiento de sus obligaciones exigibles o de pronta exigibilidad y vean comprometido el acceso a bienes de primera necesidad, así como uno o varios de sus acreedores”.

Dentro de los principales artículos se encuentra el Nº 22, que trata las prácticas prohibidas. El texto dice que “Quedan prohibidas para las instituciones de intermediación financiera y las demás personas físicas y jurídicas que realicen operaciones abarcadas por el artículo 1º de la ley N° 18.212, de 5 de diciembre de 2007, o que adquieran carteras de crédito o realicen gestión de cobranza de créditos, las prácticas abusivas para el cobro de los créditos como ser, entre otras, las violaciones a la intimidad de la persona, el uso de información errónea, el abuso de la desinformación y las llamadas constantes y a horarios inapropiados”.

Por su parte, el artículo Nº 23, que trata los intereses moratorios, señala que “La generación de intereses moratorios, pactados en deudas originadas en negocios jurídicos de préstamos en efectivo y de financiamiento de bienes y servicios, otorgados a personas físicas o jurídicas cuyo capital inicial sea inferior al equivalente de 20.000 UI (veinte mil unidades indexadas) sea cual fuere la moneda pactada, caducará de pleno derecho, sin necesidad de acción alguna a cargo del deudor, a los dieciocho meses contados a partir de la fecha en que cada obligación devenga exigible, salvo que el acreedor hubiese promovido acción judicial en dicho término”.

Comentarios generales del texto

En lo que sería una exposición de motivos y argumentos del proyecto, desde el Frente Amplio se entiende que “Es inminente tratar la situación de los deudores de bajos recursos que se ven afectados de forma dramática por los intereses, multas y recargos practicados por diferentes instituciones financieras y también por algunos comerciantes, así como las formas abusivas de los mecanismos de cobro de los referidos créditos”.

“En efecto, en Uruguay notamos la problemática de los créditos otorgados a personas de bajos recursos que terminan en montos absurdos e imposibles de pagar debido a las altas tasas de interés previstas y la forma de imputar los pagos efectuados por los deudores. Todo ello deriva en dramas sociales y familiares con pérdidas del poco patrimonio logrado con muchos años de sacrificio y prácticamente la calificación de “parias” de los deudores que al figurar en el clearing se ven imposibilitados hasta de arrendar inmuebles para vivienda”, explica la bancada de Senadores del FA.

“Se pretende legislar un único proceso, precedido de una audiencia administrativa, para las personas físicas que se encuentren en estado de crisis económico-financiera que no sean titulares de bienes, o que su activo sea su única vivienda con un valor equivalente al establecido para su incorporación como bien de familia y cuyos sus ingresos anuales sean menores o iguales a la suma de UI 120.000 (aproximadamente un año de 3 salarios mínimos mensuales)”, dicen los comentarios del proyecto del Frente Amplio, a los cuales accedió el Diario La R.

Para la oposición, “lo cierto es que la gran mayoría de uruguayos sin activo, que solo cuentan con su salario, se encuentran acorralados y muchas veces embargados ante el incumplimiento en el pago de sus obligaciones. Ante esta realidad, en especial en épocas de crisis, es imperiosa la creación de instrumentos procesales y administrativos eficaces tanto para el deudor, que enfrenta esta situación de sobreendeudamiento que no le permite honrar sus obligaciones, como para el acreedor que no logra recuperar su crédito”.