El Poder Ejecutivo remitió de forma oficial al Parlamento el proyecto de Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, una de las reformas estructurales prioritarias de la administración del presidente Yamandú Orsi. El documento definitivo, estructurado en cuatro capítulos con más de 240 artículos, fue presentado en la Torre Ejecutiva por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien estuvo acompañado por los titulares de Ganadería, Alfredo Fratti; Salud Pública, Cristina Lustemberg; e Industria, Fernanda Cardona. La propuesta técnica es el resultado de un proceso de diálogo que abarcó más de 40 reuniones con cámaras empresariales, sindicatos y expertos, traduciéndose en 150 iniciativas orientadas a eliminar trabas burocráticas y flexibilizar los costos internos de la economía nacional.
El proyecto
El primer bloque del proyecto introduce la unificación de registros estatales y el mecanismo de «silencio positivo», dictaminando que una solicitud empresarial se considerará aprobada de forma automática si la oficina pública no emite respuesta en los plazos fijados por la ley. En materia de comercio exterior, la norma consagra el autodespacho aduanero para firmas calificadas, permitiendo operar con personal propio sin la obligatoriedad de contratar intermediarios, además de digitalizar trámites sanitarios y notariales. El tercer eje ataca el costo de vida mediante la desregulación de las importaciones para erradicar prácticas monopólicas y establece la exhibición obligatoria de precios por unidad de medida para beneficio del consumidor, transformando a su vez a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado con potestades ampliadas de investigación.
Finalmente, el cuarto capítulo impulsa el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 86% de las firmas locales, mediante reformas tributarias progresivas que evitan desincentivos al crecimiento. Asimismo, crea una plataforma unificada y gratuita para trámites ante la DGI y el BPS, y promueve el marco legal para el ecosistema tecnológico financiero (fintech) bajo un sistema de finanzas abiertas interoperables. Oddone concluyó señalando que con una macroeconomía ordenada y baja inflación, el foco de la competitividad nacional radica estrictamente en la reducción de los costos de gestión administrativa.
