El Poder Ejecutivo sacudió el tablero económico y político nacional con un anuncio de escala inédita para la historia reciente de Uruguay. En una conferencia encabezada por el presidente de la República, Yamandú Orsi, acompañado por la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y las principales autoridades del área económica, el gobierno hizo pública la firma de un memorándum de entendimiento con la firma multinacional española Solaria Energía y Medio Ambiente.
El proyecto, cuya inversión proyectada alcanza la cifra astronómica de US$ 5.700 millones, busca posicionar al país como un nodo tecnológico, energético y de procesamiento de datos de vanguardia a nivel latinoamericano. La propuesta comprende una infraestructura mixta desplegada en tres departamentos clave del sur del país.
Sin embargo, el clima de optimismo oficial duró poco en la esfera pública. Apenas pocas horas después de que las imágenes de la firma recorrieran los portales de noticias, el ecosistema digital, con la red social X (Twitter) como epicentro del debate político, estalló en un mar de cuestionamientos, sospechas y cruces de alta intensidad.
Lo que inicialmente se perfilaba como una gran noticia económica dio un giro radical cuando comenzaron a viralizarse informes, portales de noticias españoles y documentos judiciales que daban cuenta de la intrincada y convulsa situación que rodea a Solaria Energía y Medio Ambiente en España.
La revelación de que la empresa española enfrenta serias denuncias y reclamos desde 2024 por parte de decenas de contratistas y proveedores, quienes la acusan de impagos millonarios que superan los 60 a 100 millones de euros, rescisiones unilaterales de contratos, ejecuciones indebidas de avales y presuntas irregularidades llevadas ante los juzgados de Guadalajara y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), encendió las alarmas de la oposición y de diversos actores de la sociedad civil.
A estos cuestionamientos financieros y judiciales en su país de origen se sumaron las controversias por proyectos fotovoltaicos que la empresa impulsó en regiones como el País Vasco (Álava), rechazados o frenados en los tribunales por impacto ambiental y caducidad de permisos.
Reacción en redes sociales
Segundo después del anuncio y la firma del acuerdo, el oficialismo se pronunció en la Red Social X. Con celebración bajo la consigna de “buenas noticias”, “progreso” y “desarrollo histórico” se dejaron leer en su cuentas personales. Desde la cúpula del Poder Ejecutivo, el secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, fue el encargado de fijar el tono al calificar el acuerdo en su cuenta de X como “la inversión más grande de la historia del país”, acompañando el anuncio con las estimaciones de impacto laboral: 3.100 empleos en la fase de construcción y 1.500 puestos permanentes.
El despliegue fue reforzado por referentes parlamentarios del Frente Amplio que buscaron darle densidad política e histórica al anuncio. El senador Daniel Caggiani trazó un hilo directo entre este hito y la herencia de los gobiernos del FA, vinculando los $5.700$ millones de dólares proyectados con las bases energéticas sentadas en 2008 y la red de fibra óptica de ANTEL, equiparando la llegada de Solaria con grandes desembarcos como UPM, Montes del Plata o Google.
En la misma sintonía, la diputada Julieta Sierra remarcó la gestión oficialista al afirmar que la inversión llegó “sin viru viru ni anuncios de anuncios”, mientras que el senador Sebastián Sabini se sumó al entusiasmo definiéndolo como un paso decisivo para el futuro productivo. Ante las primeras dudas sobre la empresa elegida, la línea de defensa técnica quedó a cargo de la ministra de Industria, Fernanda Cardona. En sus intervenciones, Cardona apeló a la «robustez» institucional de Solaria, sosteniendo que no se trataba de una desconocida, sino de una firma con trayectoria previa en contratos con UTE y respaldada por la presencia de fondos de inversión internacionales en su estructura accionaria.
Sin embargo, cuando apenas el oficialismo terminó de publicar en sus cuentas con entusiasmo, la narrativa gubernamental sufrió un choque frontal en las plataformas de debate público. Casi en simultáneo, usuarios, periodistas y dirigentes políticos comenzaron a divulgar en las redes extensos dossiers e informes sobre las severas denuncias que pesan sobre la compañía española en Europa.
Desde el Partido Colorado, el diputado Felipe Schipani canalizó la respuesta institucional mediante un exhaustivo pedido de informes a la Presidencia de la República que incluyó 95 preguntas. En su cuenta de X, Schipani remarcó que, si bien su partido respalda la llegada de inversiones, resulta imprescindible ejercer el rol de contralor para exigir «garantías para evitar que se repitan experiencias que terminaron costándoles muy caro a los uruguayos», adjuntando copia del documento remitido al Ejecutivo.
La tensión alcanzó la interna de los propios organismos estatales involucrados. El director de UTE por el Partido Nacional, Darío Castiglioni, denunció falta de transparencia e institucionalidad al señalar que el entendimiento, que compromete la red e infraestructura del ente, no pasó por el Directorio antes de su firma. «Me congratulo con el anuncio, pero como integrante del Directorio lamento no haber estado en conocimiento y que al solicitar información se me haya negado», expresó, antes de hacer pública la nota entregada a la presidencia del organismo para exigir la totalidad de los antecedentes.
Por su parte, el senador nacionalista Sebastián Da Silva apuntó directamente a la viabilidad económica de la firma española, tildando el anuncio oficial de «desopilante». Mediante un video y varios posteos, Da Silva sostuvo que la imposibilidad de Solaria para asumir por sí sola un compromiso de 5.700$ millones de dólares es un «dato público y elocuente», acusando al gobierno de priorizar el golpe de efecto mediático. «No es palo en la rueda, es sentido común y habernos quemado con Aratirí, Gas Sayago o Pluna», sentenció el legislador al anunciar también sus propias acciones de contralor.
Por último, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, adoptó el tono más beligerante de la controversia al denunciar la existencia de un “memorándum secreto entre el gobierno del Frente Amplio y una empresa penalmente denunciada en España”, planteando abiertamente en sus redes si la negociación con Solaria no constituía «una nueva joda contra el pueblo uruguayo».
Días después, el legislador fue un paso más allá e intimó directamente al presidente Yamandú Orsi a través de X para que haga público de inmediato el texto completo del acuerdo firmado, bajo el argumento de que la ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones reales del proyecto.
