Mientras Chile celebra cifras récord en exportaciones de salmón y consolida su posición como segundo productor mundial detrás de Noruega, bajo las aguas heladas del sur del país se esconde una realidad mucho menos rentable para quienes sostienen esta industria con sus propias vidas. El éxito económico de las salmoneras parece construido sobre un sistema donde la seguridad laboral continúa siendo una deuda pendiente y donde demasiadas familias terminan pagando el costo humano del crecimiento empresarial.
Carelmapu, un pequeño pueblo marítimo de la Patagonia chilena, simboliza hoy esa contradicción. Allí, donde durante décadas el mar fue sinónimo de sustento y orgullo para los pescadores artesanales, ahora también es memoria de tragedias evitables. Las historias de viudas, hijos huérfanos y trabajadores mutilados exponen el lado más cruel de una industria multimillonaria que continúa acumulando denuncias por negligencia y precariedad laboral.
Las cifras son alarmantes. Según la ONG Ecoceanos, cerca de 90 trabajadores han muerto en salmoneras desde 2013. Y detrás de cada número existe una historia marcada por la ausencia de controles, las deficientes condiciones de trabajo y una fiscalización estatal insuficiente. Resulta imposible no preguntarse cómo una actividad capaz de generar miles de millones de dólares anuales todavía depende de protocolos de seguridad tan frágiles.
Los testimonios de familiares revelan un patrón repetido: empresas que responsabilizan al trabajador fallecido, dificultades para acceder a seguros o indemnizaciones y procesos judiciales interminables. La sensación de abandono se multiplica en comunidades donde las salmoneras representan casi la única alternativa económica estable. El trabajador acepta el riesgo porque necesita sobrevivir, mientras el sistema parece acostumbrarse a considerar las muertes como parte inevitable del negocio.
La situación resulta todavía más indignante cuando médicos y rescatistas aseguran que gran parte de estos accidentes podrían evitarse con medidas básicas de seguridad. El doctor Jorge Calderón y el personal médico de Chiloé hacen, con recursos limitados, lo que muchas compañías multimillonarias no hacen: proteger vidas. La existencia de una sola cámara hiperbárica para una vasta región salmonera evidencia el nivel de precariedad que rodea a quienes trabajan bajo el agua.
El problema no afecta únicamente a los buzos. El reciente naufragio en el Estuario de Reloncaví, donde murieron seis trabajadores, vuelve a demostrar que las negligencias estructurales persisten. Dormir bajo cubierta sin vías adecuadas de escape y con toneladas de materiales obstruyendo salidas no puede interpretarse como un accidente imprevisible: es la consecuencia directa de decisiones empresariales y controles ausentes.
La industria salmonera chilena no puede seguir construyendo riqueza a costa de vidas humanas.
