Ayer se voto en el Senado la nueva ley contra el lavado de activos, mientras fueron imputadas dos personas por el atentado contra el domicilio de la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
Si bien la ley se votó por unanimidad de manera general, hubo discución entre el oficialismo y la oposición por algunos artículos en particular. Una de las más críticas fue la senadora nacionalista Graciela Bianchi quién dijo “el exceso de legislación lleva a problemas, a multiplicación de delitos. Bianchi agregó que “toda la ciudadanía quedará bajo sospecha y las profundizaciones de los controles pueden terminar en que un dentista que le saca la muela a un narco termine preso por narcotráfico”. Para la legisladora «se castigan a las personas no por lo que hicieron si no por lo que son. Es el delito precedente el que tenemos que investigar. Se avanza sobre libertades individuales, no es eficaz ni eficiente”.
Por su parte su correligionario Sebastián Da Silva expresó que “en el conjunto de toda esta ley, en lo sustantivo, no estamos mejorando absolutamente nada». “Nosotros vamos a votar este proyecto, porque nadie nos va a acusar de blancos pillos, no quieren el lavado de activos, pero quiero decir claramente que esta ley es una ley típica del voluntarismo estatista uruguayo”. Da Silva dijo que «el que más se está riendo de todos nosotros es el contador de un grupo narco, que mira divertido cómo en el Senado de Uruguay están hablando de ellos sin ir al foco”. “El dinero generado por el tráfico de drogas no se cobra en Uruguay, no se cobra en Punta Espinillo, ni en Punta Carretas, ni en Punta del Este. Son todos negocios que obedecen a una estructura que con este formulario y la complicación que genera en cualquier escribano, contador o auditor, no lo va a poder parar”. Al señalar «este formulario» hacia referencia a las nuevas exigencias que tendrán los contadores y escribanos para denunciar lo que consideren determinadas actividades sospechosas. Si no lo hicieran y se constata después la infracción de lavado de activos, serán penalmente responsables.
Por su parte la senadora del Frente Amplio, Bettiana Díaz, señaló que «Uruguay tuvo en el 2023 una evaluación nacional de riesgos, en materia de prevención del lavado y financiamiento del terrorismo, y entonces lo que hicimos fue tomar parte de las recomendaciones y no solo construir una estrategia nacional de combate al lavado, sino que tomar una serie de medidas entre las que se enmarca esta modificación» Para Díaz la votación de la ley «es un acuerdo de todos los partidos con representación en el Senado. Eso me parece que es una muy buena señal en términos de avanzar en lo que es una política de Estado». Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados.
Imputados por atentado
Ayer un policía retirado de 55 años y su hijo de 28 años fueron imputados por el atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero. En el caso del policía retirado fue imputado por tráfico interno de armas y municiones y receptación agravada y su hijo por por asociación para delinquir, atentado agravado y estrago. Este último cargo se debe al explosivo detonado en la casa de la fiscal. La polícía destacó que el joven había llegado al país días previos al atentado, de un viaje a Bolivia. Ahí es donde se presume que se encuentra el narcotraficante Sebastián Marset. Se estima que este es el autor intelectual del atentado.
Malagradecido el narcotraficante compatriota después de todo lo que hizo el gobierno anterior para ayudarlo en Dubai con un nuevo pasaporte. Así no se procede con las gauchadas.