El Supremo investiga al cesado gobernador de Brasilia por «negligencia» durante el asalto de los tres poderes

Rocha pide poder declarar ante la Policía Federal tras los actos golpistas

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, a petición de la Procuraduría, ha abierto una investigación contra el cesado gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, por «negligencia» durante el asalto de las instituciones del Estado por parte de una turba de fanáticos del expresidente Jair Bolsonaro. Además de Rocha, quien fue apartado de su cargo durante 90 días por el propio De Moraes después de los actos violentos del 8 de enero, también han sido incluidos en la investigación el que era responsable de la seguridad de la capital, el exministro de Justicia con Bolsonaro, Anderson Torres, sobre quien pesa una orden de arresto.

Fernando de Sousa Oliveira, exsecretario interino de Seguridad Pública de Brasilia y Fábio Augusto Vieira, excomandante de la Policía Militar de Brasilia, también serán investigados por «negligencia» durante la gestión de los ataques y «connivencia» con sus responsables. En el caso de Rocha, De Moraes sostiene que no solo defendió una falsa protesta política en Brasilia –«a sabiendas de que las instituciones serían atacadas», sino que además «ignoró» todos los llamamientos del resto de autoridades para que pusiera en marcha un plan de seguridad. «En un momento tan sensible para la democracia brasileña, cuando ocurren a diario actos antidemocráticos, con la ocupación de las inmediaciones de espacios militares en todo el país y en Brasilia, no se puede alegar ignorancia o incompetencia por omisión dolosa y criminal», señala De Moraes.

En el mismo fallo, el juez del Supremo también autoriza otras demandas de la Procuraduría, como que el Ministerio de Justicia investigue posibles delitos cometidos en contra del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que el nuevo interventor de Brasilia, Ricardo Cappelli, pueda depurar responsabilidades a los encargados de la seguridad. Por su parte, Rocha se encuentra prestando declaración de manera voluntaria ante la Policía Federal tras presentar una solicitud al Supremo, con el fin de «esclarecer todas las circunstancias» del proceder del Gobierno de Brasilia durante los hechos ocurrido el domingo 8 de enero.

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