En Uruguay, el verano tiene un ritmo propio. Las ciudades se vacían, los organismos reducen personal, los teléfonos suenan menos y la vida parece correrse hacia la orilla del mar. Pero detrás de esa postal amable se esconde una paradoja incómoda: durante enero y febrero, el Estado —motor de decisiones, servicios y controles— entra en una especie de hibernación institucional que se siente, se sufre y cuesta caro.
La parálisis estival no es solo una cuestión de licencias acumuladas o turnos rotativos. Es una cultura arraigada que naturaliza que casi nada relevante ocurra hasta marzo. Licitaciones que se demoran, expedientes que no avanzan, audiencias que se reprograman una y otra vez. Las emergencias administrativas se vuelven rutina y lo urgente queda en una bandeja de entrada que nadie abre. En un país pequeño, donde cada trámite puede implicar una cadena de dependencias, el freno de un eslabón arrastra a todos.
Esa inercia afecta primero a los ciudadanos comunes. El vecino que espera una respuesta sanitaria, la pyme que precisa habilitaciones para no perder temporada, el jubilado que necesita un reajuste. El tiempo del Estado se vuelve un laberinto que choca con el tiempo real de la gente. Y cuando la solución llega —si llega—, ya es tarde para sostener un pequeño negocio, resolver un conflicto laboral o atender un problema social que mientras tanto se agrava.
También sufre el desarrollo. Proyectos de inversión quedan en pausa, programas educativos o de innovación pierden continuidad, y los municipios —que suelen estar más cerca de los problemas— reciben tarde los recursos. El país no se detiene en verano: el turismo se mueve, las fronteras funcionan, los delitos no esperan y las necesidades sociales tampoco. Sin embargo, los engranajes administrativos parecen escuchar otro calendario.
La explicación fácil es el derecho al descanso. Y es cierto: los funcionarios deben descansar. Pero un Estado moderno no descansa; se organiza. Los países que logran sostener políticas estables distribuyen licencias sin desarmar equipos, digitalizan procesos, planifican turnos, establecen metas y controles que no desaparecen con el calor. Aquí, en cambio, el verano funciona como un atajo cultural para justificar la espera eterna.
La consecuencia más profunda es simbólica: cuando el Estado se apaga, se envía el mensaje de que lo público puede postergarse, que el interés general admite vacaciones. Esa señal erosiona la confianza ciudadana y alimenta la percepción de que la burocracia existe para protegerse a sí misma antes que para servir.
Romper este ciclo no requiere épica: exige gestión. Protocolos claros para períodos críticos, liderazgo político que marque prioridades, tecnología que reduzca trámites presenciales, evaluación de desempeño real y transparencia sobre los tiempos de respuesta. No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor.
Uruguay no puede permitirse dos meses de pausa institucional todos los años. En un mundo que se mueve a la velocidad de las decisiones, la inacción también es una decisión —y suele ser la más costosa. El verano puede seguir siendo descanso; lo que no puede ser es una excusa para que el Estado deje de estar donde debe: funcionando.
A ahora nos damos cuenta que falta ser proactivo y productivo, que las cosas no se hacen solas. Que las ineficiencia la pagamos todos cuando vamos a comprar lo necesario al supermercado o al feria o hay que esperar meses para acceder a los servicios estatales.