Ayer fue el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que invita a reflexionar sobre unos de los flagélos más importantes en el mundo y que está creciendo.
En Uruguay existe una ley, la 19.643 la cual señala que trata de personas» es «la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación».
Representantes de Uruguay participaron del Primera Jornada del Encuentro Regional Sudamericano con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Trata de Personas realziado en Argentina. Elizabeth Gómez Alcorta, responsable del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina manifestó que «junto a autoridades nacionales y de Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela coordinamos medidas regionales que promuevan la prevención y asistencia en situaciones de trata y explotación sexual y laboral de mujeres y LGBTI+».
Un informe del Departamento de Estados de Estados Unidos,y que hace referencia al año pasado, se indica que en 2020, el gobierno inició 22 investigaciones nuevas de trata, a diferencia de las 23 investigaciones iniciadas tanto en 2019 como en 2018.
El gobierno formalizó a once tratantes acusados en 2020, a diferencia de los cuatro formalizados tanto en 2019 como en 2018. La justicia también formalizó a 39 personas por buscar víctimas infantiles de trata con fines de explotación sexual, a diferencia de solo 2 que habían sido formalizadas en 2019. «La gran mayoría de estas formalizaciones adicionales fue el resultado de una investigación policial coordinada y multijurisdiccional denominada “Operación Océano” que se centró en hombres (entre ellos un exjuez de menores, un político y el director de un liceo) que se comunicaban con niñas a través de aplicaciones móviles de citas o avisos clasificados en línea» señala el informe.
Sobre la actuación del Mides se indica que en 2020, el MIDES informó que Inmujeres prestó asistencia a 37 nuevas víctimas identificadas en 2020, a diferencia de las 83 víctimas de 2019 y las 95 de 2018, «pero no informó sobre la cantidad de víctimas de trata que recibieron asistencia del INAU».
Las 37 víctimas atendidas por Inmujeres fueron todas mujeres adultas, principalmente de nacionalidad uruguaya, dominicana o cubana. El gobierno no informó haber identificado a ninguna víctima de trata de sexo masculino, menor de edad o LGBTQI+ en 2020.
El informe recuerda que «tal como se ha informado en los últimos cinco años, tratantes explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Uruguay y a víctimas uruguayas en el exterior».
Mujeres y niñas uruguayas (y, en menor grado, adultos transgénero y varones jóvenes) son sometidas a trata con fines de explotación sexual dentro del país. Tratantes obligan a mujeres y personas LGBTQI+ uruguayas a practicar actos sexuales comerciales en Argentina, Brasil, Italia y España.
«Tratantes someten a mujeres provenientes de Cuba, República Dominicana, Haití y, en menor medida, de otros países sudamericanos, a trata con fines de explotación sexual en Uruguay. Muchas víctimas son mujeres sudamericanas afrodescendientes. Trabajadores extranjeros, especialmente provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana y Paraguay, son sometidos a trabajo forzoso en construcción, servicio doméstico, servicios de limpieza, cuidado de personas mayores, tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera» señala. Y agrega que «es posible que ciudadanos cubanos que estaban trabajando en Uruguay hayan sido obligados a trabajar por el gobierno cubano». También se indica que «tratantes sometieron a inmigrantes cubanos, particularmente a mujeres, a trata con fines de explotación sexual en ciudades fronterizas. Es posible que los tratantes trasladen a las víctimas de una ciudad a otra para evitar ser detectados y prolongar la explotación».
Se aclara en el informe que «Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, pero está tomando importantes medidas para lograrlo». Se acota que «el gobierno demostró en general haber trabajado más en el tema en comparación con el período del informe anterior si se tiene en cuenta el impacto que la pandemia de COVID-19 puede haber tenido en su capacidad de lucha contra la trata. Por lo tanto, Uruguay se mantuvo en el nivel 2.
También se indica que «el gobierno identificó a menos víctimas que en el período del informe anterior. Funcionarios policiales e inspectores de trabajo no identificaron víctimas de manera proactiva y sistemática, y el gobierno no ofreció servicios adecuados para las víctimas ni acceso constante a refugios. El gobierno dedicó recursos insuficientes tanto a investigar, formalizar y condenar a autores del delito de trata con fines de explotación laboral, como a proteger a las víctimas de este delito. No hubo servicios de protección disponibles para víctimas de trata adultas de sexo masculino, y los funcionarios derivaron de manera inconsistente a las víctimas de trata con fines de explotación laboral a los distintos servicios disponibles. Algunas víctimas se negaron a participar en juicios contra sus tratantes por tener dudas sobre la capacidad del gobierno para garantizar su seguridad».
