El Estado argentino reconoció su responsabilidad el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Este hecho tuvo lugar el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba se estrelló contra sede de la institución y ocasionó la muerte de 85 personas, así como más 300 heridos.
El reconocimiento tuvo lugar donde la audiencia organizada por la Corte Internacional de Derechos Humanos (CorteIDH). Esta instancia se llevó a cabo en Montevideo entre jueves y viernes.
El director del Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos, Javier Salgado, representante del Estado argentino, se refirió al hecho como “el más sangriento y despiadado atentado que sufrió la sociedad argentina en su conjunto”.
Salgado afirmó que en 2005 el Estado argentino su responsabilidad internacional en el hecho y que en años posteriores renovó esta acción. Posteriormente, le cedió la palabra a Natalia D’Alessandro, responsable de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia.
No se protegió
En su intervención. D’Alessandro ratificó el reconocimiento de Argentina los hechos. Asimismo, reconoció que este reconocimiento es “naturalmente insuficiente”.
“El Estado argentino es responsable por la violación a los derechos a la vida, la integridad personal y la no discriminación; por no prevenir un ataque en el que 85 personas murieron, el peor ataque terrorista contra la sociedad argentina”, sostuvo.
“El Estado no tomó las medidas adecuadas de protección, a pesar de la situación de riesgo general en la que se encontraba la comunidad judía. La AMIA fue objeto de ataque dos años después desde el atentado contra la embajada de Israel, que también está impune, donde murieron 22 personas y más de 200 resultaron heridas”, agregó.
“El Estado tampoco protegió a las víctimas frente a circunstancias que representaban un riesgo específico para la AMIA. El Seticio de Inteligtencia no hizo nada con la información con la que se contaba contra Mohsen Rabbani, sospechoso de ser el responsable de este atentado y el de la embajada”, completó.
«Argentina no es responsable por media negligencia, sino porque quienes estaban a cargo del poder público (fiscales, juez, agencia de inteligencia, autoridades del Poder Ejecutivo) tomaron la decisión de encubrir la verdad. Decidieron torcer la investigación, acusar inocentes y resguardar a las personas cercanas al poder político de entonces», afirmó D’Alessandro.
