El 21 de abril de 1974, un comando militar ingresó a una casa particular donde se encontraban las jóvenes Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Maidanik, quienes formaban parte del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN).
A pesar de no ofrecer resistencia, las tres jóvenes fueron brutalmente asesinadas con más de 200 disparos de armas de fuego. Cabe destacar que Silvia, de 19 años, cursaba su tercer mes de embarazo. Se trata del caso hoy conocido como el de “las muchachas de abril”. Ahora el Estado, a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se apresta a realizar un homenaje y reconocimiento reparatorio a las víctimas y familiares de este episodio de la dictadura cívico-militar uruguaya. Judicialmente el caso es conocido como “Maidanik y otros”. Según se informó el homenaje tendrá lugar a mediados de mayo en el Parlamento Nacional y será presidido por la vicepresidenta de la república, Beatriz Argimón.
Con la oposición de Cabildo Abierto
Al conocerse la noticia el diputado de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech expresó el malestar de su sector político: «Hay un cierto esfuerzo por reavivar los odios, la situación de violencia, que se vivió en la década de 1960 y 1970” afirmó en rueda de prensa al tiempo que agregó: “Me llama la atención que se pretenda escribir una historia que no le hace honor a la verdad» aseguró y recalcó que las conocidas como Muchachas de abril “no fueron víctimas”. Sin embargo no es el parecer de las organizaciones de Derechos Humanos quienes afirman que “el Estado uruguayo tiene la obligación por resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hacer un reconocimiento a las Muchachas de abril”, explicó a Diario La R Baldemar Taroco, miembro del grupo de ex presas y ex presos políticos del Uruguay, Crysol.
Con respecto a esta resolución oficial Taroco expresó: “Me parece bien en ese aspecto”. Las tres jóvenes, Diana, Laura y Silvia eran militantes del grupo estudiantil FAR68 y luego de la columna 70 del MLN y al decir de Taroco, quien era su compañero de militancia “estaban vinculadas a la técnica” y “no tenían armas”. La versión de la dictadura fue que las militantes fueron víctimas al responder con armas de fuego contra los militares y policías del operativo, pero Taroco y numerosos testigos lo desmienten: “Estaban en el local para ser sacadas del país, yo era militante en ese momento del mismo grupo que ellas y tenía cierta responsabilidad, por lo tanto sé la situación en que estaban”, afirmó el miembro de Crysol.
Durante esa fatídica madrugada, un grupo de militares y policías ingresa a la humilde vivienda del barrio Brazo Oriental luego de tirar abajo la puerta que daba a los apartamentos interiores y otros lo hacen por la azotea. Según relata Taroco, cuando entra el grupo por el frente recibe disparos de sus camaradas que se encontraban en el techo: “lo que sucede es un fuego cruzado”, afirma el militante. Ahí es herido y fallece el capitán de Artillería Julio César Gutiérrez y es herido en un brazo el Coronel Rebollo, jefe del operativo, quien junto con el fallecido José Nino Gavazzo y Eduardo Klastornick, son procesados por el caso en febrero de 2020. “Ahora está en su casa con prisión domiciliaria y cobrando una muy buena jubilación que le pagamos entre todos” afirma Taroco en referencia a Rebollo y enfatiza en que “No hubo ninguna respueta porque las muchachas no tenían armas”.
Consultado sobre el significado del acto que anuncia el Estado para el mes de mayo, Taroco señala que “es parte de la reparación integral que el Estado debe hacer a todas las víctimas del terrorismo de Estado como lo marca la normativa de Derechos Humanos internacional porque fue el Estado quien violó las normas, fue el Estado quién practico el terrorismo de Estado” afirmó y agregó: “quienes asesinaron a las muchachas de abril eran representantes del Estado en ese momento”.
Las reparaciones
Sobre la respuesta del Estado a los crímenes perpetrados en su nombre, Tarco afirma que “han habido pequeñas reparaciones pero falta una reparación integral”. El militante asegura que “la mayoría no fueron indemnizados” y que “hubo una indemnización financiera a los familiares de asesinados y desaparecidos” pero que a algunos de los restantes se le ha dado una pensión “tipo de sobrevivencia”, que es la conocida como PER, Pensión Reparatoria que está destinada a quienes fueron presos políticos después del año 1973. Taroco explicó a La R que “hay compañeros que nunca cobraron esta pensión por causa de sus limitaciones” ya que entre otras cosas para acceder a ella, deben renunciar a su jubilación. Más allá de esto Taroco afirma que “hubo reparaciones que fueron positivas durante los gobiernos progresistas del Frente Amplio”.
Debido a esto los militantes se encuentran preparando un recurso internacional a nivel de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. “Ya hemos hablado con el ex fiscal de corte Jorge Díaz que nos va a representar y vamos a iniciar los trámites para llegar a la corte”, afirmó Taroco.
