El exfiscal de Corte de la Nación, Jorge Díaz, publicó en su cuenta de Twitter que propone que aquellos legisladores (diputados y senadores) que emitan opiniones en las redes sociales no puedan verse protegidos por los fueros parlamentarios que obtienen por intermedio de sus cargos.
«Los senadores y representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones» (art. 112, Constitución). Propongamos una ley interpretativa que establezca que publicar en redes sociales no es ejercer funciones de legislador”, escribió Díaz en la red social.
Pasadas las primeras 24 horas de la publicación, el mensaje tuvo muchos “Me gusta”, pero también algunos retweets. En una segunda publicación señaló: “Mejoraría la calidad del debate, eliminaría privilegios de la clase política y sobre todo no habría impunidad ante los agravios”.
Por el primer mensaje, Andrés Scavarelli (abogado) le escribió un mensaje a Díaz. “No creo que una Ley en tal sentido sea compatible con el texto Constitucional.Sin embargo sí lo sería una que establezca la responsabilidad civil de los partidos políticos por los daños y perjuicios ocasionados por los jerarcas públicos, legisladores y dirigentes de ese partido”. Ante esto, el exfiscal contestó: “Artículo 85 de la Constitución:A la Asamblea General compete:20) Interpretar la Constitución…Una ley que interprete qué tuitear no es ejercer la función es perfectamente ajustada al texto constitucional”.
Por el tema, el politólogo Daniel Chasquetti manifestó su discrepancia con la propuesta de Díaz.“No me parece correcto. La mayoría de los legisladores utilizan (bien) las redes sociales para tomar posición pública sobre asuntos de la agenda y para promocionar su actividad diaria. Que algunos lo hagan mal e inciten al odio no debe opacar la utilidad que hoy tienen las redes. Nada impide denunciar ante la justicia a los que incitan al odio. Si hay evidencia la justicia deberá enviar la imputación al Palacio Legislativo para que evalúe si hay razones para mantener los fueros. El problema es que los legisladores erróneamente cierran filas por conveniencia política”, señaló el analista.
Ante esto, Jorge Díaz contestó que “los senadores y los representantes jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones” y el artículo Nº114 (fueros) que expresa que “ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, ni aún por delitos comunes que no sean de los detallados en el artículo 93, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componentes, resolverá si hay lugar a la formación de causa, y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.