Los exfuncionarios de Casa de Galicia preparan juicios contra el Estado, tras no haberse levantado ayer el veto del Poder Ejecutivo a las compensaciones que se habían votado en el Palamento.
El Poder Ejecutivo proponía una compensación de 8 millones de dólares, lo que daba unos 170 mil pesos por trabajador, pero en el Parlamento se votó una compensación que llegaba a los 30 millones de dólares en total, estableciendose 630 mil pesos como máximo a cobrar. En total se estima en unos 2.000 los trabajadores que tienen derecho a la compensación.
Los trabajadores reclaman la totalidad de los despidos que son cubiertos por el Fondo de Créditos Laborales. Este fondo está destinado a pagar los despidos y demás créditos laborales a los trabajadores de empresas que dan quiebra. Pero el fondo no tiene hasta el momento esa cantidad dinero. El Fondo se constituye con el 0,025%, que grava los ingresos de la generalidad de los trabajadores. Uno de los argumentos del Poder Ejecutivo en su veto era que se da cobertura a créditos que el resto de los trabajadores no tienen protegidos (los postconcursales) y no se prevén exclusiones para el caso de trabajadores de determinada jerarquía o con vínculos con las autoridades empresariales. El Fondo por ejemplo no cubre a los cuadros directivos o gerenciales de las empresas.
La votación
En el día de ayer y con las barras llenas de extrabajadores de Casa de Galicia, se procedió a la votación en Asamblea General. Se necesitaban 3/5 para levantar el veto. En el caso del Senado, con 29 legisladores presentes, 17 votaron por levantar el veto y 12 por mantenerlo. Se necesitaban 18 para levantarlo. En Diputados, con 97 presentes, 56 votaron por levantar el veto y 41 por mantenerlo. En este caso se necesitaban 59 votos. Tras la votación y ante la protesta desde las barras, la presidenta de la Asamblea General, Graciela Bianchi, ordenó el desalojo de las barras y terminó la sesión.
De esta manera el veto se mantuvo aunque desde el Frente Amplio, e inclusive desde el oficialismo, se realizó un cuestionamiento al respecto.
En conferencia de prensa, legisladores del FA explicaron que cuestionaban. El diputado Carlos Varela dijo que «lamentablemente la conducción que hizo la presidenta de la Asamblea General fue confusa, no permitió la explicación que se solicitó, la explicación sobre los artículos 138 y 139 de la Constitución». Agregó que «había senadores y diputados anotados para pedir la aclaración necesaria y desde nuestro punto de vista tanto el artículo 138 y como el 139 son de absoluta claridad: la Asamblea General no confirmó el veto, tampoco lo levantó”.
El artículo 139 señala que «transcurridos treinta días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Poder Ejecutivo, las mismas se considerarán aceptadas». Por lo tanto, al no existir rechazo (no se llegó a los 3/5) deben pasar 30 días para que el veto tenga vigencia. Esta misma tesis es compartida por el senador nacionalista Jorge Gandini quién dijo «sobre la interpretación del resultado de la votación, comparto que no hubo 3/5 para levantar el veto, pero tampoco lo hubo para confirmarlo. Como lo exige el artículo 138 de la Constitución, por lo que deberán pasar 30 días para confirmar el veto del Poder Ejecutivo, como lo prevé el artículo 139».
Esta posición fue compartida por el senador Jorge Gandini quién dijo sobre la interpretación del resultado de la votación, «comparto que no hubo 3/5 para levantar el veto, pero tampoco lo hubo para confirmarlo, como lo exige el artículo 138 de la Constitución, por lo que deberán pasar 30 días para confirmar el veto del Poder Ejecutivo, como lo prevé el artículo 139».
«No hemos salidos de este shock»
La representante de los exempleados de Casa de Galicia, Flor Constanzo dijo tras la votación que «no hemos salidos de este shock. Veremos cómo seguir, nos reorganizaremos, pero los juicios son un hecho. Seguramente algún trabajador acepte 170 mil pesos cuando se les debe mucho más porque la gente hoy no tiene para comer. Con ese dinero por lo menos comen, hay muchos compañeros que los van a aceptar, otros que no y van a ir a juicio y el Estado va a tener que pagar tres veces más de lo que tendría que pagar ahora».
En declaraciones a Telemundo (canal 12) agregó «no se trata de dinero solamente, se trata de derechos pisoteados, de que estamos frente a parte de un gobierno que no respeta las leyes. La amplia mayoría del Senado ha hablado, la amplia mayoría de las asociaciones, pero sin embargo no importó, lo único que interesó fue que el Ejecutivo tomó una decisión. Un puñado de personas decide por 2.200».
Que todos sepan, que el estado no tiene dinero. Lo ponemos los contribuyentes. 30 millones de dólares son diez dolares que debe poner cada Uruguayo de su bolsillo. En mi casa somos siete así que les deberíamos darles 70 dolares cuando ni siquiera me atendí en esa mutualista…el Presidente defiende la plata de la mayoria de los Uruguayos.
Soy pobre y defiendo a mi presidente rico. Hablo de lo que no se, el gobierno les cerró la fuente laboral y no les queremos pagar por despido. Soy mamón del poder así que tengo que estar con mi presiselfi.
Si el estado no tiene plata es porque mi presi los necesito para hacer negocios con los privados para hacerse de algunos milloncitos. Mi presi no debe ser pobre, por eso esta bien que utilice la plata de todos nosotros para mejorar su fortuna personal y no en los empleados de Casa Galicia.
Creo que el veto está bien interpuesto, los sueldos fueron págados ahora se trata de la indemnización.
Platita … esto no es nada ideológico…esto es por plata…mi plata en tu bolsillo.