Exjerarca de Defensa atribuye prórrogas del contrato de las OPV a decisión política

El exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa Nacional, Fabián Martínez, compareció este lunes ante la comisión investigadora parlamentaria que analiza el proceso de compra de las patrullas oceánicas (OPV) al astillero español Cardama y la posterior rescisión del contrato por parte del actual gobierno. Durante la extensa sesión, el exjerarca defendió la actuación administrativa desarrollada durante la gestión anterior, sostuvo que las decisiones sobre las prórrogas y la continuidad del procedimiento correspondían al entonces ministro de Defensa y aseguró que su participación se limitó a tareas instrumentales y de gestión.

Martínez, quien ocupó el tercer lugar en la estructura jerárquica del ministerio, por debajo del ministro y del subsesecretario, respondió durante varias horas a las consultas de legisladores del oficialismo y de la oposición, principalmente sobre el prolongado proceso de constitución de las garantías exigidas a Cardama para que el contrato entrara en vigor.

Según la versión taquigráfica, buena parte del interrogatorio estuvo a cargo del diputado frenteamplista Joaquín Garlo, quien buscó establecer quién adoptó las decisiones durante los casi once meses en que la empresa presentó sucesivas modificaciones a las garantías sin cumplir inicialmente con las condiciones previstas en el contrato.

Desde el comienzo de su exposición, Martínez insistió en que el rol desempeñado por la Dirección General de Secretaría fue de carácter administrativo y de apoyo a la conducción política del ministerio.

«Las tomas de decisiones siempre son de los ministros o, en su caso, del subsecretario en calidad de ministro interino. Las decisiones son de ellos», afirmó al explicar el funcionamiento interno de la cartera.

Según relató, la Dirección General recibía la documentación remitida por Cardama, la analizaba junto con los informes técnicos y jurídicos disponibles y elevaba esos antecedentes a las autoridades políticas para que adoptaran las resoluciones correspondientes.

Uno de los principales ejes de la comparecencia estuvo centrado en las sucesivas prórrogas concedidas a Cardama para constituir las garantías previstas en el contrato. Consultado reiteradamente sobre quién resolvió extender esos plazos, Martínez respondió en varias oportunidades que la decisión correspondía al ministro. «Quien autorizaba las prórrogas; el señor ministro», expresó, en alusión al entonces ministro de Defensa, Armando Castaingdebat. Más adelante reiteró que, aunque algunas comunicaciones salieran desde la Dirección General de Secretaría o desde otras dependencias administrativas, las decisiones eran siempre adoptadas por la máxima autoridad política del ministerio. En ese sentido, rechazó que pudiera interpretarse que él hubiera resuelto sobre un asunto de esa naturaleza. Explicó que su función consistía en recibir la documentación, solicitar informes cuando correspondía y transmitir la información a las autoridades. «Las decisiones nuestras eran decisiones instrumentales, de gestión», sostuvo.

La motivación política

Durante el intercambio con Garlo, Martínez fue consultado acerca de las razones por las cuales el Ministerio continuó adelante con el procedimiento pese a las dificultades que enfrentaba Cardama para constituir las garantías. En ese punto realizó una precisión que luego reiteró varias veces. Aclaró que no conocía las motivaciones internas del entonces ministro, pero ofreció una interpretación personal sobre el contexto político de aquellas decisiones. «Creo que la motivación que llevaba a las autoridades a tomar esta decisión era que nuestra Armada Nacional tuviera las OPV», afirmó.

Agregó que, a su juicio, existía un interés compartido por distintos partidos políticos en fortalecer las capacidades de vigilancia marítima del país y que ese objetivo pudo haber influido en la voluntad de continuar procurando que el contrato llegara a concretarse. No obstante, remarcó que esa explicación constituía una apreciación personal y no una afirmación basada en decisiones de las que hubiera participado directamente.

Otro de los momentos relevantes de la comparecencia estuvo relacionado con el informe solicitado al estudio jurídico Delpiazzo para analizar una eventual rescisión o la posibilidad de comunicar que el contrato no había entrado en vigor por incumplimiento de las condiciones establecidas.

Martínez confirmó que el entonces ministro solicitó ese asesoramiento jurídico. «Quien solicita el informe sobre la eventual rescisión del contrato es el ministro», señaló. Sin embargo, admitió que desconoce por qué finalmente ese camino no fue seguido por las autoridades.

Consultado sobre las razones por las cuales el Ministerio decidió continuar adelante con el procedimiento pese a disponer de ese informe, respondió que no podía explicarlo. «¿Por qué no se tomó esa decisión? Yo no lo sé», expresó.

Añadió que los informes jurídicos constituyen herramientas que la administración puede utilizar o no según la valoración política que realicen las autoridades competentes. Para Garlo, ese aspecto constituye uno de los puntos centrales de la investigación parlamentaria, ya que el Ministerio había manejado la posibilidad de comunicar la no entrada en vigor del contrato antes de aceptar posteriormente las garantías cuya autenticidad hoy es objeto de investigaciones judiciales.

El intercambio de correos

Otro aspecto abordado durante la sesión fueron las comunicaciones mantenidas entre Martínez y representantes del astillero Cardama. El diputado Garlo exhibió documentación incorporada a la investigación parlamentaria que muestra intercambios de correos electrónicos enviados a una casilla personal de Gmail del exjerarca. Martínez reconoció que posee esa cuenta y admitió que pudo haber recibido allí comunicaciones vinculadas al proceso.

«No debería, pero puede suceder que hayan utilizado mi correo privado», respondió. Ante nuevas preguntas agregó que, si esos correos forman parte del expediente remitido a la comisión, no tiene «nada que ocultar».

El legislador explicó que buena parte de esas comunicaciones surgieron de la documentación aportada por el estudio Delpiazzo y permitieron reconstruir el proceso administrativo, ya que muchas de ellas no formaban parte del expediente oficial del Ministerio. Martínez, sin embargo, puntualizó que parte de esa documentación ya había sido entregada a los nuevos asesores jurídicos de la cartera meses antes de la rescisión del contrato.

Durante la comparecencia también surgió un intercambio acerca del alcance del asesoramiento brindado por la Dirección General de Secretaría. Garlo cuestionó que, tratándose de un contrato superior a los 80 millones de euros, el exdirector general sostuviera que su intervención había sido únicamente instrumental.

Martínez respondió que el asesoramiento que brindaba estaba basado en la información recibida de los servicios especializados, particularmente del estudio Delpiazzo y de las áreas técnicas del ministerio. Explicó que la función de la Dirección General consistía en sistematizar esa información y elevarla a las autoridades para su consideración.

«No tengo la capacidad» para sustituir las valoraciones técnicas de quienes habían sido contratados específicamente para ese cometido, señaló al justificar que no formulara observaciones propias sobre el contenido de las garantías.

El debate político

Las respuestas del exjerarca motivaron nuevas intervenciones de legisladores oficialistas, quienes insistieron en determinar si existieron advertencias internas respecto a las sucesivas prórrogas concedidas a Cardama. El senador frenteamplista Nicolás Viera planteó que el cargo de director general de Secretaría posee un fuerte componente político además de administrativo y preguntó si Martínez había aconsejado al ministro no continuar otorgando extensiones de plazo. El compareciente respondió que no recordaba haber realizado planteos en ese sentido y reiteró que las decisiones finales correspondían exclusivamente al ministro. Más adelante, la senadora del oficialismo Liliam Kechichian resumió una de las conclusiones que dejó la comparecencia al preguntarle directamente si las decisiones sobre las garantías y las prórrogas habían sido políticas y adoptadas por el ministro. «Es correcto», respondió Martínez.

El senador frenteamplista Eduardo Brenta, profundizó sobre los controles realizados respecto de la garantía presentada por EuroCommerce. A partir de un informe elaborado por un notario español incorporado al expediente de la comisión, preguntó quién había verificado la autenticidad de la documentación y si durante el proceso existió intervención de un escribano. Martínez respondió que no conocía ese informe específico, aunque recordó que el estudio Delpiazzo contaba con el escribano Godoy, a quien identificó como el profesional que realizaba las verificaciones notariales dentro del estudio jurídico