La voluntad política de la coalición de gobierno es que llegue al plenario la semana próxima a mas tardar.
Se trata de un articulado que llegó del Poder Ejecutivo al Parlamento con la firma de los ministros Martín Lema, Luis Alberto Heber y Daniel Salinas, si bien el principal interesado en la sanción de la norma proyectada es el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Dentro de la fuerza política opositora, hay tendencia a considerar que hay herramientas legales suficientes para que el Mides lleve adelante la tarea de enfrentar la situación de calle de personas en invierno, por lo que el texto es redundante.
Mas allá de la posición de los integrantes de la comisión, fuentes del FA indicaron a Diario la R que falta conocer el punto de vista del resto de la bancada, acotando que una decisión a favor o contra la iniciativa estará basada en la caracterización de redundante de la norma.
Durante la última sesión del grupo parlamentario, asistió el titular de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, quien si bien dio una valoración positiva del proyecto, dejó en claro tener reparos en lo que hace a la efectividad del texto.
“Este proyecto no va a dar una solución definitiva a las personas en situación de calle ni tampoco a las personas con consumo problemático porque estos problemas no se pueden resolver en agudo ni compulsivamente. Las personas no resuelven esas problemáticas complejas y multifactoriales de apuro ni en contra de la voluntad propia”, sostuvo Radío. “Pero también entiendo -me parece- que el proyecto no se propone eso. Me parece intuir que apunta a una situación particular excepcional, no descrita con detalle anteriormente en las normas vigentes”.
“Me refiero a una situación en la que estas circunstancias confluyen para generar un cuadro que requiere una respuesta de emergencia. ¿Por qué? Porque esta situación -la confluencia- aumenta la vulnerabilidad y multiplica los riesgos”, acotó.
“Además, la posibilidad de actuar en contra de la voluntad de las personas cuando existen graves riesgos no es una innovación del proyecto que está a consideración, puesto que ya está prevista en nuestra normativa”.
“Es eso: una respuesta a la emergencia. Busca una solución a un problema puntual, que es la confluencia de dos situaciones deletéreas que, sumadas, se potencian”, interpretó.
“Y es a plazo fijo: termina cuando finaliza la afectación aguda de la capacidad de juicio provocada por el consumo de sustancias o por la descompensación de la patología de base”.
“Entonces, cuando cesa la afectación de la capacidad de juicio, la internación dejará de ser compulsiva y requerirá de la expresión de voluntad de la persona”, sostuvo.
“En caso contrario, estaríamos violentando el principio de autonomía, que es un principio ético que nos rige, condiciona y determina a todos quienes participamos de la atención”.
“El proyecto no propone mantener la compulsividad -según entiendo- más allá de la desintoxicación”, concluyó Radío.
