La familia de Renee Nicole Good, la mujer que murió a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis a principios de año, ha anunciado una doble demanda contra el Gobierno de Estados Unidos y contra los distintos cargos políticos por muerte por negligencia, agresión física, agresión, detención ilegal, daño emocional y negligencia. La muerte de la mujer de 37 años el pasado 7 de enero, en el contexto de manifestaciones contra las redadas contra migrantes del ICE, provocó una espiral de contestación social en Estados Unidos contra el ICE, entidad que acabó destituyendo a los entonces principales responsables políticos.
«La muerte de Renee no fue un accidente. Fue el resultado predecible de una campaña coordinada por altos funcionarios de esta Administración para señalar como objetivo a los habitantes de Minnesota de origen somalí o hispano y silenciar a cualquiera que se atreviera a alzar la voz en señal de protesta», ha denunciado la defensa de la familia de Good en un comunicado recogido por el diario ‘The Minnesota Star Tribune’.
El equipo de abogados de Good reiteran que la víctima estaba desarmada, no era sospechosa de ningún delito y no era objeto de ninguna investigación policial o de las fuerzas del orden, y que su vehículo no impedía que el tráfico continuara circulando. Respecto al movimiento del automóvil, cuestión que alegaron los cargos políticos de la Administración Trump, la familia de la víctima insiste en que Good habló con el agente «en términos tranquilos y conciliadores» minutos antes y «giró las ruedas en dirección opuesta a Ross y se alejaba lentamente de él y de los demás agentes» cuando fue tiroteada.
Señalan igualmente que el cuerpo del agente estaba fuera de la trayectoria del vehículo y «ya se encontraba fuera de ella antes de disparar». «Después, se inclinó hacia el vehículo para mejorar su posición de tiro», ha indicado sobre el tiroteo mortal.
La primera demanda se presenta contra el Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, puesto que el agente del ICE responsable de la muerte, Jonathan Ross, y los demás agentes «eran empleados de Estados Unidos que actuaban dentro del ámbito de sus funciones y de su empleo como agentes federales encargados de hacer cumplir la ley». La segunda demanda apunta a la responsabilidad de altos cargos de la Administración estadounidense por no «negarse a revelar los nombres de los agentes involucrados» en la muerte de Good, así como por alimentar el ecosistema en el que se produjo la muerte de la manifestante.
