Respecto de los hechos investigados, la fiscal menciona en la solicitud el artículo 10 de la Constitución de la República que establece que “las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
«Las intencionalidades políticas que podrían subyacer de estos hechos quedan exentas de la intervención de la Fiscalía», agrega el documento. Desde la Fiscalía se informó que la fiscal consideró que se trató “de una conversación entre dos personas adultas”, y que para casos como ese tiene vigencia el artículo Nº 10 de la Constitución de la República, que establece que “Las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Para la fiscal, dicho artículo y tras realizar un exhaustivo análisis a la investigación desarrollada, tomó una “importante trascendencia”. Además de que la mencionada conversación no hay testigos, tampoco se pudo comprobar el presunto “ofrecimiento de dinero” por intermedio de alguna de las partes involucradas en el caso. Asimismo, Flores concluye que «tampoco surgen indicios que den cuenta de la intención de interferir del Sr. G.L. en la causa penal, que a la fecha de la reunión, aún se encontraba en curso».
Cabe recordar que el caso salió “a la luz” cuando el excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, denunció el pasado 3 de febrero. El excustodio explicó que quería dejar constancia de la situación solamente, pero no hacer denuncia penal. El documento con la declaración de Astesiano fue enviado en su momento a la fiscal Gabriela Fossati. Según informó por esos días El Observador, Astesiano afirmó que durante una visita sus padres le comentaron que Gustavo Leal había llegado en la Barra del Chuy ofreciéndoles “ayuda” para su hijo detenido y dinero para que pudieran visitarlo en la cárcel.
“La fiscal Fossati me convocó para que declare como testigo para aportar información sobre el caso Astesiano. Le confirmé que lo haré con todo gusto. En la comunicación que me hizo no se refiere a ningún tema específico ya que eso es reservado. Voy en calidad de testigo para aportar información en una investigación reservada”, dijo Leal antes de ese día 16 de febrero.
Respecto a si se había comunicado con el padre de Astesiano, Leal respondió: “Astesiano es un delincuente y un manipulador. Esperen hasta el jueves y sabrán toda la verdad. Se van a sorprender. Él está acusado de montar una asociación para delinquir. Por algo será. No le tengo miedo, ni me va extorsionar”. Pero esa citación finalmente fue suspendida a pedida del propio Leal y de su defensa.
Después de eso, Gustavo Leal compareció ante la Fiscalía a declarar como testigo, el día 16 de febrero, y en esa comparecencia pasó a calidad de indagado. En esa jornada, Fossati lo intimó a que en un plazo de tres días eligiera a un abogado para poder interrogarlo y así otorgarle las garantías del debido proceso, con la defensa correspondiente.
Con el transcurso de los días, y tras no ser informado por que causa había sido calificado como indagado, el abogado de Gustavo Leal, Diego Camaño, presentó el miércoles 15 de marzo una denuncia administrativa contra la fiscal de Flagrancia, Gabriela Fossati. Incluso se solicitó un sumario con separación del cargo para la fiscal, que comenzó a indagar al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior –durante el gobierno del FA- por un presunto delito de encubrimiento.
«Leal presentó una denuncia por violación contumaz a los deberes del cargo, solicitando el sumario y separación del cargo de Fossati, por lo sucedido desde que él llegó a la Fiscalía hasta la certificación de la fiscal», dijo Camaño en rueda de prensa.
Con el paso de los primeros días de marzo, Gabriela Fossati estuvo de licencia. Tanto el abogado Diego Camaño como su defendido, Gustavo Leal, concurrieron el viernes 10 de marzo a Fiscalía para hablar con Fernando Romano, fiscal que subrogó a Fossati durante su ausencia, y así conocer por qué era investigado el jerarca, pero Romano no tenía la información, ya que hacía muy pocos días que se había tomado cargo de la causa.
