Las protestas por las condiciones de la educación y el costo de vida desembocaron en episodios de violencia que requieren investigación y sanciones. Pero reducir todo el conflicto a los saqueos sería una forma de eludir las demandas de quienes salieron pacíficamente a las calles.
La primera obligación del Estado es proteger a las personas, los comercios y los edificios. Ninguna reivindicación legítima para incendiar un edificio o atacar a un trabajador. También debe proteger el derecho a manifestarse. La responsabilidad por un delito es individual: convertir a una generación movilizada en sospechosa colectiva debilita la legitimidad de la respuesta.
El gobierno de Emmanuel Macron anunció restricciones a concentraciones y una revisión de la preparación policial. La convocatoria al diálogo reconoce, que existe una dimensión del problema que exige propuestas. La cuestión es si esa apertura producirá compromisos concretos o quedará absorbida por la administración de la emergencia.
Los estudiantes reclaman condiciones para estudiar y construir un futuro. Una política educativa no puede evaluarse únicamente mediante balances fiscales. Debe examinarse por las oportunidades que ofrece, por los obstáculos que elimina y por su capacidad de generar confianza en las instituciones.
La seguridad necesita eficacia y límites. Las denuncias sobre el uso de la fuerza deben investigarse con el mismo rigor que los ataques cometidos durante las marchas. Esclarecer una actuación policial no debilita al Estado: permite distinguir responsabilidades y proteger a quienes cumplen su función en la ley.
Tampoco sirve adjudicar el conjunto de los disturbios a un enemigo conveniente antes de reunir pruebas. Los gobiernos deben identificar autores y conductas, mientras los dirigentes sociales tienen la responsabilidad de rechazar los ataques y preservar el sentido de sus reclamos. La violencia perjudica a la comunidad y desplaza del debate las necesidades que originaron la movilización.
Las imágenes del fuego concentran la atención. El deterioro de la confianza resulta menos visible, pero puede prolongarse más. Cuando una parte de la juventud siente que no encuentra respuestas, el problema alcanza la representación política y la credibilidad de las promesas públicas.
Macron debe ya explicar qué cambiará, con qué recursos y en qué plazos. Escuchar implica admitir que una demanda puede ser legítima aunque cuestione decisiones del Gobierno. Negociar exige reconocer interlocutores y aceptar controles sobre los compromisos asumidos.
Francia necesita recuperar la calma y ofrecer una salida política al malestar. El orden democrático se sostiene cuando el Estado protege, responde y rinde cuentas. Apagar los incendios es urgente. Atender las causas de la protesta es una obligación que no termina cuando se despeja una calle.
