El Congreso del Frente Amplio aprobó por unanimidad una moción promovida por la central sindical PIT-CNT para reabrir el debate interno sobre la aplicación de un impuesto del uno por ciento a los patrimonios pertenecientes al uno por ciento más rico de la población. La resolución política establece que la recaudación derivada de dicho tributo tendría por destino exclusivo el financiamiento de programas contra la pobreza infantil, incorporando un enfoque territorial, étnico-racial y de género para fortalecer la autonomía económica de las mujeres y reforzar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados.
Tras la finalización del plenario, el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, defendió la inclusión del tema en la agenda partidaria señalando que la búsqueda de justicia tributaria forma parte de los principios fundacionales del espacio progresista, aunque aclaró que su implementación no necesariamente se proyecta para el actual período de gobierno. En contraposición, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, reiteró los reparos técnicos del equipo económico frente a la iniciativa, catalogándola como loable pero de difícil aplicación práctica, al tiempo que advirtió que la reapertura de este debate genera incertidumbre en el clima de inversiones.
La discusión parlamentaria y orgánica expone la coexistencia de distintas visiones económicas y políticas dentro de la coalición de gobierno. Mientras los sectores vinculados al movimiento sindical e impulsores de la moción enfatizan la urgencia redistributiva para atender las inequidades estructurales y la exclusión social en la infancia, las autoridades de la cartera de finanzas priorizan la estabilidad del marco normativo y la certeza fiscal necesarias para sostener la actividad productiva y la llegada de capitales al país.
