La bancada de senadores del Frente Amplio interpuso una acción de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en contra de la resolución aprobada por el directorio de Ancap. Dicha resolución avala el pliego de licitación para establecer una asociación con una entidad privada en el negocio del portland y la cal.
El senador del Partido Socialista, José Nunes, afirmó que esta decisión del directorio «abre el camino a la privatización». Nunes expresó en su cuenta de Twitter que considera que esta resolución viola el artículo 188 de la Constitución, es «contraria al interés nacional» y «afecta muy negativamente a los departamentos de Lavalleja y Paysandú». El artículo 188 de la Constitución establece que se requieren los votos de tres quintos del total de los miembros de cada Cámara para que la ley permita la participación de capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los entes autónomos o servicios descentralizados, así como para regular la intervención correspondiente de los accionistas en los directorios. El recurso fue firmado por la senadora Amanda Della Ventura y por la diputada de Paysandú Cecilia Bottino.
El directorio de Ancap aprobó el pliego de licitación para la asociación con una entidad privada en el negocio del portland el 18 de mayo, con el voto en contra del director por el Frente Amplio, Vicente Iglesias. La empresa informó en un comunicado que convocará a una asociación integral industrial y comercial para llevar a cabo, total o parcialmente, el negocio de cemento y cal, con el objetivo de revertir la situación deficitaria y restablecer la competitividad del sector.
Ancap contempla tres alternativas: una asociación única con todas las plantas, una asociación con la planta en Paysandú, y una asociación con las plantas en Minas, Manga y Treinta y Tres.
Durante los primeros días de mayo, la Federación Ancap (Fancap) llevó a cabo una manifestación en las inmediaciones del Parlamento y fue recibida por la comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes.
En dicho encuentro, el sindicato transmitió la importancia de que la asociación privada en el negocio del portland fuera debatida a nivel legislativo y no solo por el Directorio de Ancap.
El gremio sostiene que existe el riesgo de pérdida de empleos y también señala que la empresa carece de diálogo con los trabajadores. En un comunicado, expresan su rechazo a la aprobación del pliego de licitación, argumentando que «el futuro de un Ente del Estado no puede depender de tres votos del directorio».
Para Vicente Iglesias, director del organismo en representación del Frente Amplio, el oficialismo se vale de «una ley genérica» para iniciar este proceso y que la Constitución de la República establece que se debe autorizar «cada caso.» Según el directivo Ancap quedará en minoría en esta asociación: «toda la producción de portland queda en manos de la empresa privada «en donde Ancap quedaría en una minoría del 10 o del 20%», aseguró consultado por Diario La R. A su vez Iglesias afirmó que las asociación «tal como está planteada» no es conveniente para Ancap ya que según la oposición «terminará aniquilando de forma definitiva la industria del portland en manos de Ancap» y que pasará toda la producción a manos privadas. En ese esquema, según el jerarca, Ancap se restringiría en el futuro a «la producción y comercialización de piedra».
