La bancada parlamentaria del Frente Amplio brindó una conferencia de prensa tras el cierre de la Comisión Investigadora sobre el proceso de adquisición de buques patrulleros al astillero español Cardama. Durante la exposición, el diputado Joaquín Garlo detalló una serie de actuaciones calificadas como hechos de apariencia delictiva, al tiempo que el senador Nicolás Viera y el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, apuntaron directamente a la responsabilidad del expresidente Luis Lacalle Pou por avalar el seguimiento de las negociaciones y las sucesivas prórrogas otorgadas a la firma proveedora.
Entre las irregularidades señaladas en el informe final, la representación legislativa destacó la ausencia de actos administrativos formalizados por escrito para conceder extensiones de plazo en la presentación de los avales bancarios, los cuales resultaron ser apócrifos según la denuncia promovida por la actual administración departamental y nacional. Asimismo, se cuestionó la autorización de pagos e intercambios financieros ejecutados sin las debidas traducciones, controles de documentación ni los trámites de apostilla exigidos por la normativa de contratación pública.
Desde la bancada oficialista se confirmó que la totalidad del expediente recopilado en la etapa investigadora será remitido a la órbita de la Fiscalía General de la Nación para determinar responsabilidades penales en el intento de estafa contra el Estado. La resolución parlamentaria busca esclarecer las omisiones en los mecanismos de fiscalización estatal y evaluar las actuaciones ministeriales que posibilitaron la firma y vigencia de la garantía fraudulenta presentada por el astillero.
