El presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua (Fucvam), Enrique Cal, dijo a Diario La R «tiene que haber un Fondo Nacional de Vivienda que recaude específicamente para la vivienda y que no pueda ser desviado a otros rubros del Estado». también hizo referencia a la movilizaciónq ue se realizará el próximo 30 de agosto.
– Fucvam organizó un encuentro en el Palacio legislativo sobre el tema vivienda. ¿Qué puede comentar al respecto?
Fucvam tenía pensado para el 16 de agosto un debate a nivel de todos los partidos políticos con respecto a las políticas sociales de vivienda y el involucramiento del Estado. Lamentablemente, los únicos que aceptaron fueron representantes del Frente Amplio. Entonces nos pareció inadecuado organizar un debate si no tenemos la posibilidad justamente de debatir. Los invitados del Partido Colorado, Partido Nacional y Cabildo Abierto por distintas razones recusaron participar. Lo que se hizo fue cambiar el tono de la actividad, de un debate a algo más conceptual, donde participaron figuras referentes en materia de Vivienda y Ordenamiento Territorial. La arquitecta Alicia Artigas sobre todo en el tema de ordenamiento territorial, el licenciado Marcelo Pérez con referencia al territorio y las cuestiones de la tierra y la herencia. También participó el ingeniero Benjamín Nahum, un estudioso de la vivienda desde hace muchos años y asesor de Fucvam y la abogada Valeria España, militante de derechos humanos, enfocada en el tema de los sectores más vulnerados en cuanto a la vivienda, y nuestro Secretario General, Gustavo González.
– En esa jornada, ¿cuáles son los aspectos que usted más destaca?.
– Fue un encuentro muy interesante. Incluso los funcionarios del Palacio Legislativo nos decían que nunca habían visto tanta gente en la sala del Anexo e incluso quedaron unos 60 o 70 compañeros y compañeras que no pudieron ingresar porque estaba totalmente completa la sala. Creo que fue un buen aporte de Fucvam a la comunidad que tiene que ver con la vivienda. El video de la actividad ya está disponible día en el Facebook de Fucvam.
– ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de ese encuentro?
– Lo primero y lo más importante, es lo que Fucvam ya viene planteando. Sin una asignación económica de recursos suficientes, el Estado no se puede encarar la vivienda de interés social. No hay posibilidad de satisfacer la demanda cuantitativa de vivienda, si no se destinan los recursos suficientes y para eso no se puede estar pendientes del presupuesto nacional. Tiene que haber un Fondo Nacional de Vivienda que recaude específicamente para la vivienda y que no pueda ser desviado a otros rubros del Estado. Mientras la vivienda compita con seguridad, educación, obra públicas, salud, es imposible tener los fondos. El Ministerio de Vivienda y la Agencia Nacional de Vivienda son siempre los olvidados de las rendiciones de cuenta y de los presupuestos.
– ¿Por qué desaparece el Fondo de Vivienda?.
– El fondo fue creado en el año 1968 con la Ley de Vivienda y se alimentaba de dos vertientes: una parte la ponía el sector patronal y otra parte, a través del impuesto a los sueldos, la ponían los trabajadores. En el año 2002 desaparece. Los últimos 100 millones de dólares que le quedaban se destinaron en medio de la crisis de ese año a la cobertura de los banqueros, y aclaro, de los banqueros y no de los bancos.
Ahí se fueron esos 100 millones de dólares. Los trabajadores tuvimos un sustitutivo al impuesto a los sueldos que fue el IRPF y los empleadores no tuvieron ningún tipo de sustitutivo. O sea, no volvieron a pagar a contribuir al interés para la construcción de vivienda popular. Entonces no hay Fondo Nacional de Vivienda. El mal llamado Fondo Nacional de Vivienda es la asignación presupuestal que cada gobierno decide.
El ordenamiento territorial
– ¿En materia de ordenamiento territorial cuáles fueron las conclusiones?.
– Se desprende que hay algunas decisiones conexas al tema económico, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con ordenamiento territorial. Más allá de la intencionalidad que a veces tienen los gobiernos departamentales, hay algunas derivaciones que son muy peligrosas en cuanto al destino que se le da al territorio nacional. Si se flexibiliza a tal punto que la sola voluntad del intendente, o de un gobierno departamental, puede cambiar la categoría de un suelo, estamos ante un riesgo importante que cualquier empresa o emprendimiento constructivo que quiera hacer algo en un territorio rural o suburbano, de la tecla con un intendente o con un gobierno departamental y logre cosas que con la anterior normativa no lo podía hacer porque se debía pasar por varios estudios, entre ellos del Ministerio de Ambiente.
Movilización y reclamos
– Fucvam tiene prevista una gran movilización, que me puede comentar al respecto.
– La actividad que hubo en el Palacio Legislativo es parte del plan de lucha que Fucvam aprobó en asamblea. Esto incluye la movilización que se viene realizando en agosto. Los jueves, en la nochecita, las brigadas de cooperativistas van a las esquinas más cercanas a sus terrenos, las cooperativas que están esperando para construir, y mediante una pancarta, que entra y sale según la luz del semáforo, reparten volantes informando a la población acerca de la situación de la vivienda y la ausencia del Fondo Nacional de Vivienda. Y esto va a seguir los jueves de septiembre.
La próxima movilización importante es la del 30 de agosto. Ahí estamos llamando a una marcha nacional que comenzará a las 18:30 horas desde la Plaza Libertad hasta la plaza Primero de Mayo, donde se efectuará un acto con oratoria de los compañeros. Esa es una marcha que promueve un verdadero Fondo Nacional de Viviendas y planteamos la exoneración del IVA a los proyectos cooperativos, para crear una situación similar a las prebendas y exoneraciones que tiene el capital constructivo y las inmobiliarias.
– Otro punto que ha preocupado a Fucvam es el tema de los colgamentos. ¿En qué se encuentra esta situación?
– Los colgamentos que tienen las cooperativas viejas responde a la medida de eliminación del subsidio unilateral que se dio a partir del año 2002. En ese momento el gobierno se negó a brindar los subsidios que ya estaban en la ley del año 68, claro. Cuando se levanta el conflicto, ya que estuvimos diez años sin pagar, sin depositar en el banco, los montos de esos 10 años quedaron como un saldo pendiente de pago. Hoy existe una ley y el Estado recogió prácticamente lo mismo que fue implementado para el subsidio gremial, o sea qué se pague de acuerdo al ingreso del núcleo familiar y según la cantidad de integrantes. Estamos desconociendo esa deuda por colgamentos y planteando su anulación. También reclamamos préstamos porque es absolutamente insuficiente el monto asignado a vivienda. En esta rendición de cuentas es lamentable. No hubo un solo peso más para vivienda.
