“Fue un golpazo”: la pesca retoma la actividad, pero alerta por costos y reglas inciertas

La industria pesquera uruguaya volvió a ponerse en marcha tras semanas de incertidumbre, luego del ajuste en el precio del gasoil marino de 7% y no del 83% como se había establecido inicialmente. Sin embargo, la reactivación está lejos de implicar un escenario de estabilidad. En diálogo con Diario La R el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva Zucchelli, dejó en claro que el sector sigue enfrentando dificultades estructurales, altos costos y una necesidad urgente de mayor previsibilidad.

“Como habíamos adelantado, una vez resuelto el tema del precio del combustible, con la gestión del Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía y el ajuste del precio al valor del 7%, igual a los otros combustibles, se retomó la operativa”, explicó. En ese marco, detalló que “se proveyó el combustible necesario para la salida de los barcos y empezaron a salir el jueves mismo; entre el jueves y el viernes ya empezaron a salir, la flota está operativa”.

Si bien no contaba con cifras exactas al momento de la entrevista, señaló que “los que estaban para salir están abasteciéndose y están saliendo de a poco”, en función de la disponibilidad. La vuelta al mar, entonces, es progresiva, en un contexto todavía condicionado.

El combustible fue, una vez más, el factor determinante. El aumento previo había generado un freno en la actividad, al punto de volver inviable la operativa para varias empresas. Aunque el ajuste reciente permitió retomar las operaciones, Riva Zucchelli no dudó en calificar el impacto inicial: “Nosotros lo que decíamos era que era un golpazo y que la industria no estaba en condiciones de absorberlo”.

Aun así, marcó una posición equilibrada respecto a la decisión de ANCAP. “El argumento fue claro: dado que es un producto no monopólico y de libre importación, la empresa tomó la decisión de fijar un valor en función del mercado exterior, tomando referencias de Brasil y Argentina”, explicó. Y agregó: “Es válido, no quiere decir que el sector pueda absorberlo, pero es válido. ANCAP no tomó ninguna resolución fuera de las potestades o de las normas”.

El problema, según el titular de la CIPU, no radica únicamente en el nivel de precios, sino en la falta de herramientas para anticiparlos. “No tenemos un aviso previo. Así funciona el sistema”, indicó. En ese sentido, remarcó: “Lo que buscamos es alguna fórmula o referencia que nos permita hacer predicciones. Es muy importante para cualquier industria saber más o menos qué es lo que va a pasar”.

La previsibilidad aparece así como una de las principales demandas del sector. “Todos sabíamos que el combustible iba a subir, no nos tomó de sorpresa, pero lo que buscamos es saber cómo viene la mano para tener una referencia y que no haya saltos”, afirmó.

De cara al futuro inmediato, el panorama sigue siendo incierto. El precio actual rige hasta el 30 de abril, pero su evolución dependerá de variables internacionales. “El precio del combustible normalmente se fija todos los meses. Veremos, vamos a tratar de reunirnos con ANCAP para evaluar qué está pasando con el petróleo, con el gasoil internacional, el PPI, ver cómo evoluciona”, adelantó.

Y añadió una advertencia: “Si la guerra continúa y el petróleo sigue subiendo, ANCAP no va a tener mucho margen para sostener los precios. Entonces nos tendremos que acomodar”. En ese contexto, valoró como positivo el compromiso de mantener un mayor contacto con las autoridades: “Lo importante es que esta experiencia nos sirva para estar más en contacto y que no nos tome de sorpresa ninguna decisión”.

Otro de los factores que inciden en el presente del sector es la realización de prospecciones sísmicas, que coinciden con el inicio de la zafra. “Nosotros habíamos solicitado que no se hicieran en esta ventana de marzo y abril. No tuvimos éxito”, lamentó.

Las consecuencias aún no están del todo claras, pero ya hay señales de impacto. “Sabemos que hay algún barco que suspendió las operaciones porque las capturas eran muy bajas”, indicó. No obstante, aclaró que “no hay una evaluación todavía, es muy poco tiempo”, aunque insistió: “No era lo ideal empezar ahora”.

De cara a noviembre, cuando se retomarán estas actividades, el sector buscará mejorar las condiciones. “Trataremos de ver si podemos mejorar las compensaciones, porque en definitiva ese es un poco el meollo de la cuestión”, sostuvo.

En paralelo, la industria sigue de cerca decisiones empresariales relevantes, como el anuncio de venta de la firma Belnova. Sobre este punto, Riva Zucchelli fue cauto: “Es una decisión empresarial en la cual la cámara no interviene. No tengo información. La situación del sector en Uruguay creo que no ha ayudado, pero son empresas que tienen inversiones en muchos lugares”.

En cuanto a las herramientas previstas por la Ley de Urgente Consideración (LUC), particularmente la posibilidad de importar combustible, el dirigente señaló que ya está en análisis, aunque con matices. “Lo vamos a ir analizando, ya lo estamos analizando”, afirmó.

Sin embargo, relativizó su impacto potencial: “Tampoco va a haber mucho milagro si el petróleo sigue subiendo en el mundo. No es que en otros lugares vaya a estar mucho más barato”. En ese sentido, indicó que será clave observar lo que ocurre en la región: “Habrá que evaluar qué pasa con Brasil y Argentina”.

Más allá de la coyuntura, la CIPU trabaja en una agenda más amplia de reformas y medidas. Riva Zucchelli adelantó que en los próximos días comenzarán nuevas instancias de diálogo con el gobierno. “El Azimut (*) está arriba de la mesa, el gobierno lo conoce, y vamos a profundizar la semana que viene”, explicó.

El objetivo es abordar los principales problemas estructurales del sector. “Hay tres o cuatro temas muy importantes que tenemos que encontrarles una solución definitiva”, señaló.

Entre ellos, destacó la prima por accidentes de trabajo: “Es la tercera más alta del Uruguay, un 11%, y realmente es muy alta”. También mencionó los permisos de pesca, cuyas tasas consideran elevadas, y la necesidad de prorrogar reducciones aplicadas anteriormente.

Otro punto crítico es la jubilación bonificada. “Es un tema complejo, de muchos años, que nunca se resolvió definitivamente. Es una carga importantísima para las empresas y que no les llega a los trabajadores en su totalidad”, explicó.

En materia energética, reconoció avances, pero planteó ajustes pendientes. “Hubo una reducción en la tarifa, pero hay cambios a hacer en cuanto a la potencia”, indicó. Y detalló: “Pagamos por la potencia contratada todo el año, aunque hay períodos en que usamos mucha y otros en que usamos poca. Estamos planteando pagar por la potencia consumida”.

Según explicó, el sistema actual genera sobrecostos y penalizaciones elevadas: “Si uno contrata 500 kW y consume 600, lo penalizan con tres veces más el cargo. Hay formas de buscar mejoras que no dañen a UTE ni a nosotros”.

A esto se suman otros aspectos vinculados a la operativa y la burocracia. “Hay que cambiar decretos, leyes, mejorar procesos. Siempre hay diálogo, pero buscamos que sea más rápida la operativa”, indicó.

En el plano laboral, el panorama es relativamente estable. “Hoy estamos en paz, estamos trabajando, tenemos el convenio vigente. No ha habido grandes problemas, solo cuestiones puntuales”, afirmó, aunque reconoció que aún hay aspectos a mejorar en el sistema de contratación.

Un “INAC” para la pesca

Finalmente, Riva Zucchelli retomó una idea de largo plazo: la creación de un instituto para la pesca, similar al INAC. “Todas las actividades tienen su instituto. Es fundamental para establecer políticas sectoriales”, señaló.

No obstante, fue claro en cuanto a prioridades: “Para llegar a eso tenemos que salir de la situación en la que estamos hoy. Por eso digo: prioritarios son los primeros puntos”.

(*)»Azimut» es un proyecto estratégico presentado en 2025 por la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y otras cámaras del sector, definido como una hoja de ruta para reestructurar, estabilizar y fomentar la competitividad de la industria pesquera uruguaya.