Ante la persistencia de la falta de precipitaciones, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha decidido ampliar el alcance del decreto de emergencia agropecuaria. La medida, que ahora abarca a todos los departamentos ubicados al sur del río Negro y diversas zonas del norte, busca brindar un soporte directo a los productores afectados por el marcado déficit hídrico.
«La preocupación de fondo es la caída en la producción que va a haber», expresó el ministro Alfredo Fratti. La situación es crítica en sectores específicos: cultivos de maíz de primera han debido ser destinados al ensilaje (picado) ante la imposibilidad de alcanzar el desarrollo óptimo, mientras que la soja (uno de los principales motores exportadores) mantiene una incertidumbre absoluta sobre sus rendimientos finales.
Escenario productivo y proyecciones
Por el momento, el impacto en la alimentación del ganado es manejable, pero el MGAP mantiene la «alarma encendida». La falta de lluvias en la transición hacia el otoño podría comprometer la disponibilidad de pasturas de cara al invierno, período clave para el mantenimiento del peso animal.
Aunque las expectativas estaban puestas en la primera quincena de marzo, las lluvias han sido deficitarias. Las proyecciones meteorológicas actuales sugieren una posible normalización de las precipitaciones recién hacia la segunda mitad del mes.
El decreto de emergencia permite a los productores acceder a herramientas de asistencia financiera y medidas de mitigación que el Ministerio ha desplegado para proteger la cadena agroindustrial. El Ejecutivo sigue de cerca la evolución del clima, reconociendo que si bien una normalización hídrica no revertiría las pérdidas ya incurridas en los maizales, resultaría fundamental para estabilizar el sistema productivo antes de la llegada de las bajas temperaturas.
¿Los cultivos de maíz y soja no son de empresas privadas? ¿Porqué el estado se tiene que hacer cargo en lo que ellos no quieren invertir? Igual que cuando se opusieron a pagar impuesto de 1.5 dólares por hectárea, solo los que tenían más de 2 mil hectáreas (los más pudientes), para mejorar las rutas nacionales por donde salía la cosecha de ellos en camiones pesados y lo terminó pagando el estado.