Gobierno apuesta a una estrategia integral con foco en homicidios, narcotráfico y tecnología

El gobierno presentó oficialmente el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035, una hoja de ruta ambiciosa que busca reordenar la política de seguridad en Uruguay con una mirada de largo plazo, basada en evidencia, coordinación institucional y foco en los delitos más complejos.

El documento, anunciado desde la campaña electoral y esperado por distintos actores políticos y sociales, plantea una estrategia estructurada en siete ejes, con 79 acciones y más de 130 medidas concretas que se implementarán en tres fases: corto, mediano y largo plazo. La iniciativa apunta no solo a enfrentar la coyuntura actual en materia de seguridad, sino también a construir una política pública sostenida que trascienda los cambios de gobierno. “Se trata de una estrategia integral y sostenida”, señala el texto, que pone el acento en fortalecer las capacidades del Estado y mejorar la coordinación entre organismos.

Un enfoque integral y de largo plazo

El presidente Yamandú Orsi definió el plan como una “estrategia nacional de seguridad” que recoge aprendizajes acumulados durante años por la Policía Nacional y otras instituciones. Según explicó, el objetivo es identificar qué políticas funcionan, cuáles deben corregirse y cómo consolidar una línea de trabajo sostenida en el tiempo.

Prueba de ello, dijo, es haber mantenido en el cargo, como director de la Policía Nacional, a José Azambuya, quien cuenta con conocimientos y experiencia que permiten «seguir una línea de trabajo que viene de lejos», aseguró. A ello se suman las acciones implementadas durante el primer año de esta administración.

Uno de los elementos centrales del plan es su carácter interinstitucional. La seguridad deja de ser un asunto exclusivo del Ministerio del Interior para involucrar a otras áreas del Estado como Transporte, Desarrollo Social y Salud Pública, especialmente en temas vinculados a tecnología, adicciones y situación de calle.

Además, se incorpora al sector privado, en particular a las empresas de seguridad, que tendrán mayor interacción con la Policía en tareas de prevención y vigilancia.

El plan también fue presentado como una herramienta dinámica, abierta a ajustes y nuevas incorporaciones a medida que evolucione la realidad delictiva. Esta flexibilidad busca evitar que la estrategia quede obsoleta frente a cambios rápidos en las modalidades del crimen.

Siete ejes

El núcleo del plan está compuesto por siete ejes estratégicos que abordan distintos fenómenos delictivos y áreas críticas del sistema de seguridad.

El primero de ellos se centra en los homicidios, uno de los indicadores más sensibles. La propuesta es concentrar recursos en los territorios más violentos, mejorar la capacidad investigativa y acelerar los procesos de judicialización. El objetivo es intervenir de forma más rápida y efectiva en los focos de mayor riesgo.

El segundo eje pone el foco en la violencia de género, así como en la protección de niñas, niños y adolescentes. Aquí se busca fortalecer la prevención, mejorar los sistemas de respuesta y garantizar un acompañamiento real a las víctimas, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad.

En tercer lugar, el plan aborda el control de armas de fuego y municiones. Se plantea mejorar la trazabilidad, reforzar los controles en fronteras y endurecer las sanciones vinculadas al tráfico y porte ilegal. La intención es reducir la disponibilidad de armas en manos de organizaciones criminales.

El cuarto eje apunta directamente al narcotráfico y las economías criminales. La estrategia combina inteligencia, investigación y cooperación internacional para atacar no solo a los actores visibles, sino también las estructuras logísticas y financieras que sostienen estas redes.

En este sentido, se pone especial énfasis en seguir la ruta del dinero ilícito, con el objetivo de desmantelar las bases económicas del crimen organizado. También se prevé reforzar los controles en fronteras y ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en estas zonas. El plan procurará generar un Centro Comando Unificado de Seguridad en esas zonas. También se anunció que se perseguirá la ruta del dinero para desmantelar redes financieras de organizaciones criminales. En 2025, se registraron 47 operaciones de lavado de activos, frente a las 6 de 2024.

Además, se incorporarán anillos inteligentes de control territorial en el área metropolitana y fronteras, con el fin de observar, prevenir y visualizar acciones delictivas.

El quinto eje está dedicado a los ciberdelitos y fraudes informáticos, un fenómeno en crecimiento donde el Estado reconoce que llega “tarde”. Para revertir esta situación, se propone fortalecer las capacidades técnicas, incorporar herramientas de inteligencia artificial y mejorar la protección de los usuarios.

Los dos ejes restantes apuntan al fortalecimiento del sistema de justicia y a la prevención como política central. En materia judicial, el plan propone mejorar la coordinación entre instituciones, potenciar la investigación criminal y avanzar en reformas del sistema penitenciario. Entre las medidas anunciadas se encuentran la construcción de nuevas cárceles para personas de alto riesgo, la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación y la creación de una fiscalía especializada en asuntos penitenciarios.

También se prevé implementar programas de reinserción laboral para personas privadas de libertad y avanzar en iniciativas de justicia terapéutica, orientadas a abordar problemáticas como las adicciones.

En paralelo, la prevención aparece como una “primera línea de protección”. El plan propone intervenir en territorios vulnerables con políticas sociales que promuevan la inserción educativa y laboral, así como la integración comunitaria.

Programas como “Más Barrio” serán ampliados a distintas zonas del país, con el objetivo de reducir la violencia desde una perspectiva integral que combine seguridad y desarrollo social.

Tecnología, policía y control territorial

Otro de los pilares del plan es el fortalecimiento de la Policía Nacional. Se prevé aumentar el número de efectivos —con más de 2.000 ingresos—, mejorar la formación y avanzar en la creación de un Instituto Universitario Policial.

Además, se incorporarán nuevas tecnologías para el control del delito, como sistemas de identificación facial, software de análisis de datos y anillos inteligentes de vigilancia en áreas metropolitanas y fronterizas.

También se crearán unidades especializadas, como una fuerza dedicada a la seguridad en espectáculos deportivos, y se implementarán comisarías móviles que permitan una respuesta más flexible en distintos territorios.

El concepto de “policiamiento inteligente” aparece como eje transversal, con foco en el uso de información para tomar decisiones más eficientes y focalizadas.

El ministro del Interior, Carlos Negro, explicó que al inicio de la gestión fue necesario trabajar en “dos velocidades”: atender la urgencia de la situación y, al mismo tiempo, diseñar una política de mediano y largo plazo. En ese marco, destacó algunos resultados del primer año, como la reducción de homicidios, la baja en femicidios en un 18%, la incautación de más de 3.000 armas y el decomiso de importantes volúmenes de droga (9000 toneladas). También señaló que los delitos contra la propiedad registraron caídas significativas, con descensos del 40% en estafas y del 37% en hurtos y rapiñas, según datos oficiales.

Estas cifras fueron presentadas como una señal de que las medidas iniciales han tenido impacto, aunque el gobierno reconoce que aún quedan desafíos importantes.

Uno de los aspectos destacados del plan es su proceso de elaboración. Según explicó Negro, se desarrolló en tres etapas: diagnóstico, diálogo social y sistematización.

En el proceso participaron cerca de 80 instituciones, incluyendo sindicatos, empresarios, académicos y partidos políticos, lo que le otorga al documento un respaldo amplio y una base de legitimidad. La intención del gobierno es que el plan funcione como una política de Estado, capaz de sostenerse más allá de las diferencias partidarias y de los cambios de administración.