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Gobierno busca amortiguar subas y evalúa aumentos diferenciados en combustibles

La ministra Fernanda Cardona adelantó que el Poder Ejecutivo diseña medidas para mitigar el impacto del shock internacional de precios en la ciudadanía.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, puso énfasis en el impacto social de la estrategia.

El Poder Ejecutivo uruguayo se encuentra abocado al análisis de las tarifas de los combustibles que regirán a partir del próximo mes. Con la premisa política de suavizar el impacto del contexto inflacionario internacional sobre la economía doméstica. En conferencia de prensa, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aseguró de forma categórica que los equipos técnicos del gobierno trabajan intensamente para no trasladar de forma directa y total al consumidor los incrementos sugeridos en el último informe técnico del Precio de Paridad de Importación (PPI) procesado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

Cardona detalló que las proyecciones iniciales del organismo regulador contemplaban la necesidad de aplicar un alza del 6% en las naftas, un severo 22% en el gasoil y un 10% en el supergás, impulsados por la volatilidad del petróleo a raíz de los conflictos geopolíticos globales. Ante esta realidad, la secretaria de Estado precisó que la estrategia del Ministerio de Industria (MIEM) y del Ministerio de Economía apunta a absorber una porción mayoritaria de dicho shock macroeconómico. En ese sentido, la jerarca adelantó que «la idea» del Ejecutivo es instrumentar un ajuste diferenciado, permitiendo que algunos productos sufran incrementos leves mientras otros permanecen congelados, priorizando el blindaje de sectores clave como la producción agropecuaria, los costos del transporte colectivo y el consumo residencial de supergás en vísperas del invierno.

En paralelo, la ministra manifestó su preocupación por las recientes medidas gremiales adoptadas por el sindicato de trabajadores de Ancap (Fancap). Cardona cuestionó la oportunidad de las paralizaciones operativas en las plantas de distribución. Advirtiendo que este tipo de medidas de fuerza pone en jaque el normal abastecimiento de las estaciones de servicio. Y también añade una complejidad innecesaria a los esfuerzos oficiales por sostener la estabilidad del suministro energético nacional en un escenario de crisis externa.

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