Un plazo máximo de 72 horas le dio el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, a los 13 funcionarios de la ONU, que se encuentran en Caracas, para abandonar el país. Esto después de dar a conocer su decisión de suspender las operaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
En un comunicado en vivo desde la capital venezolana, el canciller Yván Gil, indicó que además se ordenó “una revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la carta de entendimiento” firmada en 2019 con esa oficina y se dio plazo a sus funcionarios para salir del país “hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violatoria de la Carta de Naciones Unidas”.
La suspensión ocurre en medio de preocupaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos tras el arresto de la abogada y activista Rocío San Miguel, detenida luego de ser vinculada con una presunta trama para atentar contra la vida de Maduro.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó en la red social X, (antes Twitter), que seguía “con profunda preocupación” la detención de San Miguel y destacó que “su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada” e instó a su liberación inmediata.
Horas antes de las declaraciones del canciller venezolano, la oficina del comisionado Volker Türk publicó también en X que tras las declaraciones de las autoridades venezolanas “tomamos nota de que el lugar de detención de Rocío San Miguel (y por tanto su paradero) ha sido confirmado y cuatro familiares han sido puestos en libertad condicional”.
Insistió en que “deben respetarse las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa”. La víspera el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las denuncias sobre supuestas violaciones al debido proceso y la presunta desaparición forzada de la activista.
Organizaciones de derechos humanos, sus abogados y familiares denunciaron que desde su detención (en un aeropuerto de la capital cuando se disponía a viajar a Miami con su hija) San Miguel no ha tenido acceso a su equipo de defensa y ha permanecido incomunicada. Su arresto generó condenas dentro y fuera del país sudamericano.
