El Poder Ejecutivo, en articulación con la Intendencia de Montevideo, presentó formalmente un ambicioso programa de inserción social y laboral dirigido a personas que recuperan la libertad, con el propósito estructural de mitigar las tasas de reincidencia delictiva y quebrar el núcleo de vulnerabilidad económica y violencia. La iniciativa se implementará inicialmente a través de un plan piloto que abarcará a 350 participantes, estableciendo un proceso de acompañamiento técnico continuo de veinticuatro meses que iniciará sus fases de preparación seis meses antes de que se haga efectivo el egreso del sistema penitenciario.
El diseño operativo contempla la transferencia de un paquete de apoyos materiales y logísticos urgentes para el momento de la externación, un período crítico en el que egresan un promedio de treinta personas por día en el país. Los beneficiarios contarán con la tramitación prioritaria de su cédula de identidad y carné de salud, acceso a una partida de vestimenta, cincuenta boletos de transporte público y un teléfono celular para asegurar su conectividad en la búsqueda de empleo. Asimismo, se les otorgará una tarjeta Uruguay Social con una asignación mensual de 5.000 pesos uruguayos durante el primer trimestre de libertad, y soluciones habitacionales transitorias para aquellos que carezcan de una red de contención familiar o vivienda al salir de los centros de reclusión.
En el eje laboral, la Intendencia de Montevideo coordinará la primera etapa de empleo protegido, garantizando puestos de trabajo comunitarios durante un año para trescientos hombres y cincuenta mujeres. El intendente capitalino, Mario Bergara, remarcó la importancia de consolidar experiencias de empleo formales y sostenidas en el tiempo para viabilizar una verdadera reconversión social de los participantes. A su vez, el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, defendió firmemente la legitimidad de la inversión pública en este sector, argumentando que, a pesar de las eventuales críticas políticas o sociales, dotar de herramientas de subsistencia a las personas liberadas constituye el mecanismo más eficaz para pacificar la convivencia y fortalecer la seguridad pública de cara al futuro.
Por su parte, la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, detalló que el programa fue estructurado bajo una estricta perspectiva de género, decidiéndose de forma deliberada sobrerrepresentar la participación de las mujeres liberadas debido a sus particulares condiciones de vulnerabilidad y jefatura de hogar. El plan concluirá su ciclo promoviendo la transición de los beneficiarios hacia el mercado laboral formal privado, utilizando mecanismos de empleo subsidiado por el Estado para incentivar la contratación por parte de las empresas nacionales.


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