Destacó el aumento del 3% que recibirá el sector privado, el desafío de acordar con 195 grupos de actividad en la próxima instancia de negociación, el reordenamiento de los grupos de trabajo y el manejo de la conflictividad laboral.
Daverede anunció que desde el pasado 1.° de enero rige para el sector privado un ajuste salarial del 3% aproximadamente. Este aumento es el reflejo de la inflación proyectada del primer semestre, agregó.
Respecto al sector público, la Administración Central y los comprendidos en el artículo n.° 220 de la Constitución de la República, el aumento aún no está confirmado, pero incluirá un componente de inflación proyectada, otro de recuperación salarial y, por último, un correctivo por inflación. Añadió también que, para los sueldos menores, se prevé una partida fija de 1.500 pesos.
Por otra parte, destacó que este año sucederá la décima ronda de Consejo de Salarios. Es la más importante, ya que será la última del Gobierno, remarcó. En ella se debe “terminar de concretar la recuperación salarial acordada en 2020 a raíz de la pandemia”, admitió. Será “la ronda más grande que hayamos tenido”, acentuó. Serán unos 195 grupos de actividad en negociaciones, lo que constituye un gran desafío, con realidades disímiles, reconoció el director.
Consultado sobre el reordenamiento de grupos y subgrupos de trabajo propuesto por el Poder Ejecutivo, Daverede afirmó que hay consenso de revisión. A partir de la base de los 24 grupos de actividad, se determinará si es necesario crear, eliminar, o reacomodar, mencionó. Asimismo, subrayó que a través de la incorporación de tecnología se incluyeron nuevas actividades, debido a la ausencia de revisión desde 2005. En ese sentido, informó que se conformó una comisión para trabajar en el nuevo esquema y que en abril próximo se elaborará un informe, a fin de que, tras la aprobación del Consejo, se aplique en la décima ronda.
En otro sentido, consideró que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) definió un rumbo claro respecto a la conflictividad laboral. Según explicó, las mediaciones serán profesionales, a efectos de que las partes puedan encontrar en la cartera estatal un órgano garante de las negociaciones y sus derechos. “Es un gran desafío”, reconoció. Es necesario proteger los derechos del trabajador y de las empresas, pero sobre los principios básicos de neutralidad e imparcialidad, aseveró.
Además, reconoció que en abril el ministerio afrontará el desafió de negociar con el sector de la construcción. El convenio de tres años sin pérdida salarial vence en tres meses, y hay que volver a negociar con un sector que ha logrado un fuerte desarrollo, concluyó.
