El consorcio Grupo Vía Central, encargado de la construcción y mantenimiento del Ferrocarril Central, ha iniciado un proceso de arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por el impago de los servicios prestados desde diciembre de 2023. Según el comunicado emitido por la empresa, esta falta de pagos ha puesto al proyecto en una «situación financiera crítica», lo que ha obligado a la firma a tomar esta medida legal.
El Ferrocarril Central, una de las obras de infraestructura más importantes de Uruguay en la modalidad de Asociación Público-Privada (PPP), conecta el puerto de Montevideo con Paso de los Toros. El proyecto, que tiene una inversión de unos 1.500 millones de dólares, se encuentra operativo desde noviembre de 2023, permitiendo el transporte de productos clave como la celulosa de UPM. A pesar de los avances, el consorcio enfrenta múltiples desafíos, como demoras en las expropiaciones, impactos derivados de la pandemia de COVID-19, y problemas con el financiamiento a raíz de la guerra en Ucrania.
A pesar de los esfuerzos por llegar a acuerdos con el gobierno, incluyendo memorándums y modificaciones del contrato, el Grupo Vía Central denuncia que las autoridades no han cumplido con sus obligaciones, lo que llevó al consorcio a recurrir al arbitraje conforme a lo estipulado en el contrato PPP.
La empresa, que está formada en un 33% por firmas nacionales y el resto por compañías de Francia y España, reafirmó su compromiso con el proyecto y con Uruguay, esperando que esta medida impulse el cumplimiento de los acuerdos y continúe garantizando el éxito del Ferrocarril Central.
Estaba cantado. Y seguirán apareciendo casos así. Cuesta creer que desde diciembre de 2023 el gobierno no haya hecho una sola gestión para pagar esta deuda, que se hace más grande día a día por las multas y el recargo de mora. Los números del gobierno saliente que muestran una prosperidad inexistente, se basan en plata guardada por no pagar facturas que se traspasan al gobierno entrante. Y las cuentas no se pagan, pero la plata no está. Cientos de juicios que se perderán y tendrá que pagar el estado, o sea, Juan Pueblo. Pasó lo mismo en 2005: el gobierno divertido de los rosados de 2000-2004 dejó un tendal de juicios que se perdieron por la orden de no presentrse a las audiencias.
entendemos porqué el presidente pituco, al otro dia del traspaso de gobierno, se «raja» para el exterior ! Para que no lo encuentren cuando exploten todos estos desfalcos que él no pagò …. Làstima que estos organismos que reclaman el pago de lo que sea, hayan esperado el ùltimo momento para reclamar. O sea NO querian poner en aprietos al gobierno saliente…Son todos malla oro ! Que el gobierno de Yamandèu Orsi, ante tal situacion, se lave las manos !!!