En julio de 2022 Cabildo Abierto presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca regular los delitos cometidos en el ámbito digital conocidos como ciberdelitos. El proyecto incluye nuevas penalizaciones para un nuevo tipo de delincuencia y ingresó en esa fecha en la Comisión de Innovación y Tecnologías de la cámara baja. Sin embargo el proyecto no se llegó a considerar a raíz de las numerosas observaciones interpuestas. Más allá del respaldo oficial con el que cuenta la iniciativa no alcanzó los votos necesarios. La principal objeción fue de forma, al crear nuevas tipificaciones y delitos debía ser tratado en la comisión de Constitución y códigos.
Para subsanar este problema se dio lugar a una nueva Comisión Integrada compuesta por las comisiones de códigos y la de Innovación. En ese ámbito el Frente Amplio presentó su propio proyecto que aborda el tema desde otra perspectiva “no exclusivamente punitivista”, al decir de sus impulsores.
Diario La R conversó con la diputada frenteamplista Dayana Pérez, una de las redactoras del proyecto quien nos dice que prefieren no llamarlo “alternativo” al de Cabildo Abierto ya que según asegura, se busca un abordaje “más integral” de la problemática.
“Nosotros como Frente Amplio presentamos un proyecto que se llama de Seguridad Digital porque no es sólo sobre los ciberdelitos” explicó Pérez. La diputada por el MPP agrega que si bien este nuevo proyecto trata sobre los ciberdelitos y las estafas digitales “tiene en consideración otras cosas como por ejemplo la reparación a la víctima”.
También afirmó Pérez que en la redacción de la iniciativa frenteamplista además de los nuevos delitos se abordan temas como el derecho al consumidor ante fenómenos como el de la la llamada “obsolescencia programada” e incluye “controles a las responsabilidades de las entidades financieras”.
La Diputada señaló que la extensión de internet en nuestro territorio es “algo a valorar” pero que a su vez “también se ha generado un espacio nuevo o más amplio para cometer delitos”.
Trámite parlamentario
Este proyecto actualmente está en la comisión integrada de Constitución y Códigos con Ciencia Innovación y Tecnologías de la Cámara de Diputados a partir del mes de abril de este año cuando se votó la extensión de su funcionamiento. Ahora la comisión determinará cuando se comenzarán a tratar los proyectos recibiendo a autoridades y personas referentes en los temas. Sin embargo no se ha definido que ambos proyecto se trate de manera conjunta.
El proyecto de Cabildo Abierto también se encuentra en la búsqueda de consensos y ya tuvo, entre otros, la objeción del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho quienes expresaron desacuerdo con la creación de delitos que según describen, ya existen en nuestro ódigo Penal.
“El de Cabildo sí es un proyecto que está enfocado solamente en los ciberdelitos ya que únicamente crea delitos”, afirma la diputada Pérez pero aclara que también tiene “algunos aspectos” de inversión de fondos y “algo educativo” asegura. Sin embargo apunta que “la esencia y el cuerpo del proyecto de ley es crear delitos que tipifiquen los ciberdelitos y conformar agravantes”.
Desde el oficialismo se manifestó la intención de abordar primeramente el proyecto de Cabildo Abierto para eventualmente adoptar modificaciones que puedan provenir de otras iniciativas. “El nuestro quedó para más adelante”, dijo la diputada frenteamplista a La R y aseguró que “no hay una opinión definida sobre este proyecto por parte del oficialismo”.
Sobre la priorización de estas iniciativas dentro de la agenda parlamentaria, la diputada explica que “ existe voluntad política para abordar la temática que tiene que ver con la seguridad digital o la ciberdelincuencia en todos los partidos”. Pero por eso afirma que “les llamó la atención” que no se diera “la opción de trabajar los dos proyectos juntos”. Para la legisladora, como el proyecto frenteamplista tiene “otras aristas” la bancada tienen “la expectativa” de que se pueda trabajar “desde el punto de vista de las víctimas” y de las “entidades financieras” con el objetivo de “poder dar respuestas a las situaciones reales que viven las personas que le roban los datos para sacarles un préstamo o el sueldo” reclama “que no sea solamente perseguir a aquel delincuente que roba por medios digitales”, concluyó.
