La investigación administrativa solicitada por el Ministerio de Defensa concluyó que la adjudicación del contrato para la construcción de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama fue resultado de una “decisión política”. Adoptada sin medir los riesgos operativos, financieros y contractuales que correspondían.
El trabajo, elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), será presentado este miércoles por la ministra de Defensa, Sandra Lazo . Esto durante la interpelación promovida por el senador nacionalista y exministro de Defensa, Javier García, quien encabezó el proceso de adjudicación.
Advertencias técnicas omitidas
Según el informe (citado por La Diaria) la propuesta de Cardama fue impulsada por García a través del entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, en lugar de seguir un procedimiento técnico interno de la fuerza.
El documento remarca que las advertencias previas sobre la empresa no fueron incorporadas formalmente a la deliberación. Entre ellas figura un informe del contralmirante Gustavo Musso, que cuestionaba la capacidad técnica y financiera del astillero. Aunque ese análisis existía, no integró la discusión previa que llevó a la adjudicación.
Riesgos no evaluados
La ONSC sostiene que no se analizó adecuadamente la viabilidad constructiva, la experiencia previa, la solvencia ni la capacidad real de Cardama para ejecutar un proyecto de esa magnitud.
El informe advierte que el astillero:
No tenía antecedentes en la construcción de patrulleras oceánicas comparables.
Dependía de terceros para tareas críticas del proyecto.
Presentaba “indicadores de riesgo financiero severos”, elementos que “deberían haber sido conocidos o considerados” antes de firmar el contrato.
Prórrogas sin respaldo jurídico
El estudio jurídico del MDN (encomendado al estudio Delpiazzo) tampoco fue adecuadamente integrado en el proceso decisorio. Como consecuencia, se permitió que Cardama accediera a prórrogas para presentar la garantía de fiel cumplimiento, pese a que no existía un “sustento jurídico claro” para otorgarlas.
La ONSC concluye que el procedimiento careció de la debida diligencia técnica, financiera y contractual, permitiendo que el Estado adjudicara un proyecto de más de US$ 90 millones a un proveedor considerado de alto riesgo, sin evaluación adecuada de capacidades ni respaldo suficiente.
Esa omisión, señala el informe, compromete el cumplimiento del deber estatal de proteger el interés público.
