La coordinación estará a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en lo que será el paso previo a la difusión pública de las conclusiones del espacio creado para traducir en proyectos de ley los diez puntos del Pacto de Mayo firmado en Tucumán.
De acuerdo con lo que confirmaron a Diario La R Argentina varios integrantes del Consejo, todavía no está definido el formato que tendrá la presentación final. El órgano sesionó una vez por mes desde junio y, según fuentes de distintos sectores, la síntesis deberá contener tanto los consensos alcanzados como las posiciones en disidencia de los actores que participaron del debate.
El Gobierno aspira a dejar cerrado el informe general, aunque dos puntos sensibles —la redistribución de los fondos coparticipables y la reforma previsional, los ítems 5 y 9 del Pacto— quedarán pendientes. La complejidad técnica y política de ambos temas llevó a postergar su tratamiento para una nueva etapa.
Mientras tanto, en la Casa Rosada avanza en paralelo la ingeniería legislativa para las sesiones extraordinarias, que se extenderán del 10 al 30 de diciembre. La intención oficial es impulsar durante el verano la aprobación del Presupuesto 2026, la reforma laboral, los cambios al Código Penal, la nueva Ley de Glaciares y el proyecto que busca “blindar” el equilibrio fiscal e impedir que se sancionen leyes que generen déficit.
Sin embargo, un funcionario involucrado en la elaboración de varias iniciativas aclaró a esta agencia que lo trabajado en el Consejo de Mayo no será “necesariamente” incorporado al temario de extraordinarias. “Aunque hay temas compartidos, se trata de procesos distintos”, señaló, desmarcando el plan legislativo inmediato de las conclusiones del Consejo.
La reunión del martes también marcará la última convocatoria del año. Allí volverán a coincidir el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR), delegada de la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo (PRO), por Diputados; Gerardo Martínez por la CGT; y Martín Rappallini, presidente de la UIA, por el sector empresario.
El Gobierno busca mostrar que, pese a las tensiones internas y externas, el proceso continúa en curso. El informe final del Consejo será, según el oficialismo, la hoja de ruta institucional hacia un paquete de reformas estructurales que la administración libertaria pretende instalar como un punto de inflexión político de cara a 2026.
La administración libertaria pretendía mostrar al país un acuerdo amplio, pero dos temas clave —la coparticipación y la reforma previsional— terminaron siendo demasiado complejos y sensibles como para avanzar. No solo no habrá definiciones en esta etapa: directamente fueron postergados sin fecha. En otras palabras, el corazón fiscal del Pacto de Mayo sigue sin resolución.
Pese a los discursos oficiales, el proceso del Consejo de Mayo deja un saldo ambiguo: muchos diagnósticos, pocas síntesis reales y una distancia creciente entre la velocidad que propone la administración libertaria y los tiempos políticos de un país con una economía inestable, conflictos laborales abiertos y un parlamento que no convalida decisiones automáticas.
Si el Ejecutivo pretendía que el Consejo funcionará como una nave nodriza de acuerdos estructurales, el cierre del año muestra más bien un dispositivo que sirvió para dialogar, pero no para resolver. Y que llega a su informe final con el riesgo de transformarse en otro documento más en la larga lista de buenas intenciones sin traducción legislativa.
