El Partido Nacional presentó a mediados de abril un proyecto alternativo sobre prisión domiciliaria que eleva la edad de 65 a 70 años pero la oposición ya adelantó su rechazo argumentando que la iniciativa «tiene nombre y apellido» y busca liberar a los militares y civiles presos por crímenes cometidos durante la dictadura.
El senador comunista Oscar Andrade afirmó que «Como está el proyecto redactado» la cárcel para represores Domingo Arena «queda vacía».
La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores venía estudiando una iniciativa presentada por Cabildo Abierto que fijaba en 65 la edad para acceder a la prisión domiciliaria pero el Partido Nacional redactó un texto alternativo que eleva esa edad a 70 años y exceptúa a aquellos presos condenados por crímenes de lesa humanidad. Desde la oposición, sin embargo, se esgrime que los terroristas de Estado no se encuentran presos por esa tipificación que existe en nuestro ordenamiento desde el año 2006. El Senador del Frente Amplio, Carlos Mahía, integra la comisión parlamentaria que se encuentra analizando el ante-proyecto de ley y asegura en diálogo con Diario La R que «hay que estudiarla a fondo y determinar los alcances de la misma».
Más allá de que el proyecto se encuentra en etapa de estudio Mahía adelanta que existe un posicionamiento contrario «a priori» ya que según entiende, el proyecto «sigue contemplando a militares que violaron los DDHH y por lo tanto ese es un aspecto que obviamente no compartimos y que creemos que posiciona mal al Uruguay con respecto a un tema tan importante como son los DDHH», afirmó. Además para el Senador opositor existe un segundo aspecto que genera «muchas incertidumbres» y es el de los «alcances» de la propuesta. «Cuántas son las personas que eventualmente se verían beneficiadas por esta iniciativa», se preguntó el legislador en diálogo con La R.
Para Mahía en esta etapa se debería iniciar una ronda de consultas de la comisión con «órganos del Estado» y «asociaciones civiles» que para el Senador «deberían dar su opinión al respecto».
El nuevo proyecto del Partido Nacional introduce cambios como una participación determinante de un juez a la hora de autorizar una prisión domiciliaria pero para Mahía el hecho que se faculte a un magistrado no modifica el hecho de que el proyecto busca liberar a condenados por violaciones a los Derechos Humanos: «Ese es un punto que nosotros rechazamos. Se quiere dar una versión más edulcorada y digerible de algo que es realmente negativo», explicó y agregó: «Nuestra posición es a priori contraria a la redacción que hemos visto».
«Toma y daca»
Desde distintos actores políticos se denunció que durante el debate sobre la reforma jubilatoria, Cabildo Abierto y el presidente de la República negociaron este proyecto como moneda de cambio para obtener los votos que los cabildantes no aseguraban para aprobar la reforma. «No debería ser parte del toma y daca de los partidos tradicionales y de Cabildo Abierto temas que nada tienen que ver entre sí», afirmó Mahía. Para el senador estos temas son «extremadamente delicados» y resulta «muy nocivo» que se realicen este tipo de acuerdos. Consultado acerca de si la oposición se plantea interponer recursos ante organismos internacionales frente a el eventual avance del proyecto, Mahía afirma que primeramente se dará el debate dentro de la comisión y se seguirá hasta «agotar las vías parlamentarias y el diálogo con la sociedad». De todos modos afirma que esa posibilidad «no se descarta».
Mahía agrega que se continuará «dando el debate» y acota: «yo no doy por cerrado un debate parlamentario y político sobre este tema en el país».
Finalmente acerca de la pertinencia o no de que personas presas luego de determinada edad o condiciones de salud puedan continuar cumpliendo sus penas en sus domicilios el legislador afirma que «eso se puede hacer hoy con la legislación actual por vía judicial» y recuerda como ejemplo que «uno de los represores más terribles y emblemáticos como José Nino Gavazzo terminó su cárcel a nivel domiciliario y siendo el individuo más significativo del aparato represivo de la dictadura».
